Un tema que está pasando desapercibido en ésta época que debería estar colmada de propuestas de gobierno, es la demora en los procesos judiciales.
En particular, ya que se constituye como regla para todo proceso que se tramite en los Juzgados del país, me referiré a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
El triunfalismo que se manifestó inicialmente con respecto a la celeridad procesal en los procesos que se iniciarían bajo las reglas de la Nueva Ley Procesal de Trabajo se ha ido desvaneciendo.
La realidad nos sitúa frente a una demora de varios meses para la audiencia de conciliación y de otra cantidad de tiempo muy parecida para la de juzgamiento, que son las únicas dos diligencias que deberían tener los procesos ordinarios laborales previstos así por sus diseñadores procesales, para garantizar la celeridad para alcanzar una decisión firme.
El tema es todavía más crítico en la segunda instancia donde, en muchos casos, la audiencia de vista para resolver la apelación, se está citando con más de un año de retraso.
Es así, que un proceso que debería terminar en teoría unos en meses, en la práctica dura unos años a pesar de todo lo que se decía y ofrecía al momento de la entrata en vigencia del nuevo esquema procesal.
La solución al problema no está en distraerse o perder el tiempo en modificar la Nueva Ley Procesal de Trabajo pensando que esto va a solucionar todo como alguna receta mágica. La única manera de corregir la situación en que nos encontramos es creando una mayor cantidad de juzgados.
El gobierno es quien debe darse cuenta que ante la recargada carga de un trabajador, el recortarle los plazos para concluir su labor no hará que termine más rápido. La única solución que es eminentemente lógica es que para la misma carga se contraten más trabajadores. En el caso de los trabajadores que administran justicia no hay razón para procurar una fórmula distinta.
Solo cuando se logre una carga procesal adecuada se puede pensar en modificar las reglas de procedimiento.
El sistema en teoría es bueno. No lo debemos abandonar. Pero es necesario que el Gobierno, dirigido por quien gane en ésta contienda electoral, se dé cuenta de la importancia de la actividad judicial, que siempre resulta ineficiente por la carga procesal que no deja trabajar la Ley como debería.
Lo extraño es que dentro de este proceso electoral donde hay muchos candidatos, hay pocas ideas nuevas, ninguno de los postulantes a la presidencia de la República ha hecho mención a la necesidad de contar con un mayor número de jueces, ni hay mayor mención a la reforma de la estructura judicial para hacerla más eficiente.
La razón, aparentemente, es que no se dan cuenta que el derecho ayuda a funcionar a una sociedad, y para que este pueda ser una herramienta útil, es necesario contar con un número suficiente de jueces que apliquen la ley con celeridad.
Mientras no se superen las dificultades de presupuesto será difícil conseguir este objetivo.
28 Febrero, 2022
8 Marzo, 2018
