El tema del financiamiento público de partidos y campañas en el Perú siempre es motivo de controversias y de interminables discusiones. El artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos (28094) precisa que el financiamiento público directo, servirá para “actividades de formación, capacitación e investigación que realicen las agrupaciones partidarias, además para sus gastos de funcionamiento ordinario”. La población en general, que ya viene arrastrando una opinión negativa hacia los partidos, rechaza este apoyo, pues considera que de sus impuestos, no debe destinarse una partida hacia las fuerzas políticas pues estas no se lo merecen.
Y los partidos deberían reconocer que no han hecho un meritorio esfuerzo comunicacional para hacerle entender al ciudadano de a pie, que peor es el financiamiento privado poco transparente en la mayoría de los casos y salpicado de la narcopolítica en los últimos años.
En el caso del financiamiento público, este sólo estaba regulado por la modalidad de la llamada franja electoral. Por ejemplo, en las Elecciones generales de 2001 fueron en total 39.723.134.00 soles los que se destinaron a financiar la franja. En general, la franja ha sido mal utilizada porque la mayoría de los partidos ha preparado unos spots publicitarios de baja calidad de imagen y contenidos, siendo los medios de comunicación televisivos los más beneficiados por esa enorme cantidad de plata, que ni siquiera deberían cobrar, pues deberían hacerlo gratis, en razón que es el Estado quién les otorga las concesiones para operar y la franja debería verse como unos avisos de servicio e interés público.
Una de las innovaciones de la Ley es proponer un sistema de financiación mixto (privado y público), que se dará a través de modalidades directas e indirectas y que van de la mano con un sistema de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, para lo cual se creó la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Según la Ley, los partidos políticos que obtengan representación en el Congreso recibirían del Estado financiamiento público directo. Para ello el Estado destinaría el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Este otorgamiento de fondos públicos entró en vigencia luego de la elección del año 2006. La Ley repito, prevé que sean utilizados exclusivamente para actividades de formación, capacitación e investigación, así como para los gastos de funcionamiento ordinario (agua, electricidad, teléfono). Estos fondos se otorgarían con cargo al Presupuesto General de la República. Los fondos partidarios se distribuirían de la siguiente manera: un 40%, en forma igualitaria entre todos los partidos con representación en el Congreso de la República y el 60% restante, en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al Congreso de la República.
La transferencia de estos fondos a cada partido se realizaría en cinco partes, a razón de un quinto por año.
Hasta ahora el MEF no otorga los fondos porque hay un párrafo de la Ley (la tercera disposición transitoria) que dice que los fondos están sujetos a “las posibilidades de la economía nacional”.
Como se sabe, una campaña electoral necesita dinero, el cual, en un gran porcentaje se gasta precisamente en medios, en publicidad. En el 2011, los partidos gastaron alrededor de unos ochenta millones de soles. Si el MEF no otorgó los recursos ¿de dónde sacaron esa plata? Si los militantes y simpatizantes poco aportan -no es una práctica común en el Perú-la única manera que los candidatos se provean de recursos es a través de aportaciones privadas en dinero y especie. Pero la ley señala topes. Nadie, persona natural o jurídica, puede aportar más de 60 UIT, es decir, 231 mil soles.
Como se dijo al inicio de estas reflexiones, este tema es diverso, complejo y polémico.
Y precisamente en medio de esta polémica, aparece un apoyo inesperado, una iniciativa que bien merece ser analizada; resulta que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la CONFIEP han sugerido la creación de un Fondo que sea repartido equitativamente entre los partidos que participan en una contienda electoral; de inmediato el inquieto Mariano Cucho, Jefe Nacional de ONPE, tomó positivamente este tema y presentó al Congreso el Proyecto que crea el Fondo Electoral Empresa y Democracia, que contempla estas donaciones voluntarias, deducibles de impuestos y distribuidas mediante reglas claras y fijadas de antemano, sin preferencias por ningún partido.
Es la expresión de las empresas privadas que por fin han entendido que el país necesita una sólida institucionalización en democracia y que ello pasa por partidos también institucionalizados y no aventuras producto de coyunturas electorales y de fondos poco o nada transparentes.
Está entonces la mesa servida para analizar esta opción y ver qué otras posibilidades se presentan sobre el financiamiento de los partidos, de las candidaturas y del tema electoral, visto de una manera integral; lo que sí está claro es que el estado actual del financiamiento y de las finanzas partidarias, deja mucho que desear y las actuales normativas tienen al sistema electoral atado de manos.
