Durante años, la política peruana convivió con la impunidad. Campañas millonarias se financiaban con dinero de origen desconocido, contratos públicos se adjudicaban entre favores, y los escándalos de corrupción rara vez terminaban en condenas. Sin embargo, la reciente sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia marca un punto de inflexión. Ambos fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, al confirmarse que recibieron cerca de tres millones de dólares de la constructora Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas de 2006 y 2011.
Este fallo no solo representa justicia en un caso concreto, sino que establece un precedente clave: por primera vez, el sistema judicial peruano reconoce que los aportes ilícitos de campaña pueden constituir lavado de dinero si se ocultan mediante maniobras financieras. Este cambio de criterio es fundamental en un país donde el dinero sucio ha contaminado durante décadas las estructuras políticas y electorales.
El impacto de la sentencia va más allá del caso Humala-Heredia. Su efecto inmediato se proyecta sobre otros procesos en curso, en especial el de Keiko Fujimori, también investigada por haber recibido aportes no declarados de Odebrecht en sus campañas presidenciales. Si se aplica el mismo razonamiento jurídico, el caso podría derivar en una condena antes de las elecciones generales de 2026, lo que modificaría radicalmente el escenario político nacional. Keiko, candidata en tres procesos consecutivos, representa un bloque político significativo; su eventual inhabilitación cambiaría el mapa electoral.
Este avance judicial también pone en cuestión el rol de los partidos políticos, la fiscalización del financiamiento electoral y la capacidad real de las instituciones de control. La ONPE, el JNE y el Congreso deben asumir un papel más activo para prevenir que fondos ilícitos se infiltren en las campañas. Ya no basta con declarar gastos o registrar aportes simbólicos: se requiere transparencia real, auditorías independientes y sanciones efectivas.
La sentencia contra Humala y Heredia también forma parte de una tendencia regional. En América Latina, expresidentes como Otto Pérez Molina en Guatemala, Rafael Correa en Ecuador y Alejandro Toledo en el propio Perú han sido procesados o condenados. La ciudadanía exige justicia, y los sistemas judiciales —aunque aún limitados— comienzan a responder.
El caso Odebrecht en Perú es una oportunidad para fortalecer la democracia. No basta con castigar a quienes delinquieron: es necesario prevenir que nuevos actores repitan los mismos errores. De cara a 2026, el país necesita candidatos limpios, reglas claras y ciudadanos vigilantes. La lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales, sino también en las urnas.
Perú está dando un paso adelante. De la impunidad a la rendición de cuentas, del silencio a la justicia. Ahora el reto es sostener ese camino y no permitir que la historia vuelva a repetirse.
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