¿Para quién se Gobierna?

Corrupción, democracia y estado de derecho

Rafael Rodríguez Campos

¿Para quién se gobierna? Es una de las preguntas que los latinoamericanos respondieron para el Informe Latinobarómetro 2024 titulado “La democracia resiliente”.  Así, el 72% de los habitantes de la región dice que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. Cabe precisar que, si uno revisa los datos por país de quienes dicen que se gobierna para unos pocos, se aprecia una casi unanimidad en países como Perú (90%), Paraguay (86%) y Bolivia (83%). Con lo cual solo un cuarto de la población considera que se gobierna para la mayoría (lo que debería ser la regla en una democracia) mientras que el resto está convencido que se gobierna para los intereses de unos pocos.

Del mismo modo, el 76% de los latinoamericanos dice que la distribución de la riqueza en sus respectivos países es injusta. En este punto, corresponde indicar que, si uno analiza los datos por país de quienes dicen que la distribución de la riqueza es injusta, se aprecia una casi unanimidad en países como Chile (90%), Argentina (89%) y Bolivia (88%). Eso muestra que solo un cuarto de la población considera que la distribución de la riqueza en la región es justa (lo que también debería ser la regla en una democracia).

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) publicó en 2019 el Informe titulado “Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”, indicando que la corrupción tiene un impacto negativo en la democracia (confianza ciudadana), el Estado de Derecho (imperio de la ley) y los derechos humanos (desarrollo humano), demostrando que dicho fenómeno contribuye a que 9 de cada 10 peruanos, por ejemplo, perciban que el Estado ha sido capturado por unos cuantos grupos poderosos que lo han puesto al servicio de sus intereses y de sus allegados, o que 9 de cada 10 chilenos crean que la distribución de la riqueza en su país es injusta.

Dicho ello, nos parece oportuno recordar -como lo hizo la Comisión IDH en 2019- que en una sociedad civilizada la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos constituyen una trilogía cuyos componentes se definen, completan y adquieren sentido en función de los otros. Por ello, afirma la Comisión IDH, es necesario que una sociedad democrática prevenga y reprima aquellas prácticas corruptas, ya sean individuales y/o estructurales, pues las mismas socavan la institucionalidad democrática y afectan la garantía de los Derechos Humanos en un Estado de Derecho[1].

A continuación, haremos algunos apuntes sobre el impacto pernicioso que tiene la corrupción sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en América Latina, debiendo tomar en cuenta que solo el 37% de los latinoamericanos dicen que se ha progresado “mucho o algo” en reducir la corrupción en las instituciones del Estado. Siendo el Perú el país que se auto percibe como el más corrupto (seguido de Honduras), frente a tan solo cuatro países que se perciben como menos corruptos: Chile, Uruguay, México y El Salvador.

Corrupción y Democracia

Primero, la Comisión IDH señala que un primer impacto que genera la corrupción es en la estabilidad democrática, en la medida que la corrupción tiene una clara dimensión institucional y no solo económica. Así, la Comisión IDH desde 2001, a propósito del Informe elaborado sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay viene indicando que “la corrupción constituye un elemento importante a tener presente respecto al análisis de la institucionalidad democrática en los Estados, puesto que diversos Estados miembros de la OEA, han reconocido que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos y el combate contra ésta fortalece las instituciones democráticas, evita las distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social"[2].

Asimismo, la Comisión IDH desde 2015 advirtió que la corrupción tiene un impacto directo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Justamente porque la corrupción (como lo prueba el Informe Latinobarómetro 2024) envía un mensaje erróneo a la sociedad ya que esta percibe cómo las autoridades públicas utilizan al Estado para beneficios particulares, alejándola del cumplimiento de sus funciones constitucionales y en muchos casos eso va acompañado de una mayúscula impunidad frente a los casos de corrupción. Así, la Comisión IDH, a propósito del Informe sobre los Derechos Humanos en México, manifestó que “la impunidad y la corrupción menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo cual también genera impunidad que exacerba el clima de violencia. Es un problema que permea desde las policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías, y genera una percepción generalizada de impunidad”[3].

Corrupción y Estado de Derecho

Segundo, la Comisión IDH ha resaltado que la corrupción tiene un gran impacto respecto del Estado de Derecho. Es más, destaca que las consecuencias negativas generadas por la corrupción se aprecian en los tres principios básicos del Estado de Derecho. En primer término, la corrupción viola el principio de la primacía de la ley; en segundo término, vulnera el ideal de la búsqueda del interés general por parte de las autoridades como base de su legitimidad; y, en tercer término, afecta la independencia de las autoridades que adoptan decisiones de poder público.

En efecto, para la Comisión IDH “los actos que desvían las decisiones desde el bien común a beneficios privados dañan la base de la convivencia democrática al generar privilegios en el acceso a la toma de decisiones en base al poder que generan los actos de corrupción. Esto tiene un impacto directo en el ideal democrático y en el Estado de Derecho, en tanto un sistema de reglas comunes donde el poder está controlado por instituciones reguladas legalmente”. Por ejemplo, señala la Comisión IDH, “cuando mediante la corrupción se alteran los equilibrios de poder, se manipula la elección de autoridades o se desnaturaliza el rol natural de las instituciones judiciales, se afectan seriamente las bases del sistema democrático que debe igual trato a los individuos sujetos a su jurisdicción”[4].

Corrupción y Derechos Humanos

Tercero, la Comisión IDH manifiesta que siendo la corrupción un fenómeno estructural sus impactos son profundos y diferenciados, ya que, por un lado, los actos de corrupción pueden suponer violaciones de los derechos humanos; y, por otro lado, las diferentes formas de corrupción pueden limitar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Para la Comisión IDH resulta sumamente preocupante que debido a los actos de corrupción (pública, sobre todo), los Estados de la región incumplan directamente las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos. Por tanto, para la Comisión IDH “puede configurarse una violación de derechos humanos y con ello la responsabilidad internacional, cuando un acto o situación de corrupción constituye o motiva un incumplimiento a una obligación internacional y dicho ilícito es atribuible al Estado. En este escenario, de acuerdo con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos cometidas en su perjuicio”[5].

A su vez, para la Comisión IDH es importante resaltar la relación contextual entre el fenómeno de corrupción y las violaciones de derechos humanos, esto es, las distintas formas en que se presenta la corrupción en la región y su vínculo con distintos tipos de violaciones de derechos humanos. Es decir, para la Comisión IDH es importante hacer visible que existen determinados contextos de corrupción que facilitan o promueven la violación de derechos humanos. Este apunte es clave si lo que se quiere es adoptar medidas estatales para erradicar la corrupción en la región.

Corrupción y dictadura

Dicho ello, es importante mencionar que la Comisión IDH llama poderosamente la atención sobre la urgencia de combatir la corrupción para evitar que esta se extienda por todo el aparato público. Así, desde 2017, a propósito del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión IDH señaló lo siguiente: “Los estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe una corrupción extendida. La privación de derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en los países de las Américas. En consecuencia, la corrupción estimula la discriminación y agrava la situación socio-económica de las personas que viven en situación de pobreza o de exclusión y de discriminación histórica, impidiendo el ejercicio de sus derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales”[6].

Finalmente, la Comisión IDH nos advierte que el escenario que siempre facilita o promueve la corrupción y la violación de derechos humanos lo constituyen las dictaduras y los gobiernos que devienen en autoritarios (aunque tengan un origen democrático). Ello es así porque las dictaduras o gobiernos autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua “se caracterizan por la concentración ilegítima de poder estatal, amplios espacios de discrecionalidad, ausencia de mecanismos institucionales y sociales de control, garantía generalizada de impunidad y una normalización de la ilegalidad”[7].

En otras palabras, si queremos luchar eficazmente contra la corrupción debemos defender primero nuestras democracias. Ello porque a pesar de sus limitaciones la democracia permite el control ciudadano y de los medios de comunicación sobre los actos de poder público. Algo que es imposible en una dictadura o gobierno autoritario en donde los actos sistémicos de corrupción como la malversación de fondos públicos conviven con altos índices de violencia y represión estatal que traen consigo la violación sistemática de los derechos humanos en un contexto de absoluta impunidad para los perpetradores de las mismas.

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 125.

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 127.

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 128.

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 133.

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 137.

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 135.

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. 2019. Considerando 139.