Que los Poderes estatales cumplan con defensa de la persona.

Por Roberto Rendón Vásquez

No obstante, a que el primer artículo de la Constitución establece que “la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”, a las personas no se les está protegiendo de los actos delincuenciales. Por los informativos televisivos, radiales y periodísticos se conoce que se ha incrementado el rapto y la extorción no solamente a empresarios, sino que están “atacando” con armas de fuego a los trabajadores para presionar a los empleadores que paguen sumas de dinero a los extorsionadores. Frecuentemente están empleando sicarios que asesinan a los extorsionados “por no pagar los cupos”; también se informa que intimidan y/o extorsionan a mujeres que han sometido a la prostitución y sino entregan el dinero que les “exigen”, las matan. Los asesinatos son en la vía pública y a los sinarios no les importa que los filmen. También se está delinquiendo con los asaltos, hurtos robos, estafas, en las vías públicas, establecimientos, vehículos y en viviendas; “asatan” causando muchas veces lesiones y muertes; los agraviados son hasta mujeres, ancianos, jóvenes, niños.

Muchas veces la Policía los detiene luego que cometen el delito o una vez que con las investigaciones policiales logran identificarlos y ubicarlos y los apresan. Los Serenos de las municipalidades contribuyen a detener a los malhechores ayudando a la Policía. Jefes policiales suelen hacer informaciones en radios o televisión. La PNP los exhibe a/los detenido/s y con los atestados (investigaciones policiales) son puestos a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, al poco tiempo son nuevamente detenidos y exhibidos por la Policía. ¿Quién les dio libertad? ¿El Fiscal o el Juez Penal? Hay también delincuentes que habiendo estado en cárceles y obtenido su libertad, son vueltos a detener por nuevos delitos. Son graves problemas que las autoridades no han resuelto a pesar de las angustiosas peticiones del vecindario. También se evidencia que miembros del Ministerio Público o del Poder Judicial no aplican correctamente las normas penales ni actúan en los plazos procesales penales.

Los delincuentes detenidos, a pesar que admiten sus hechos delictivos o que con las investigaciones policiales les prueban su autoría o el proceso que realiza el Fiscal se acredita la comisión de los delitos atribuidos al delincuente detenido, estos no tienen temor alguno porque “cuentan” con inmediata defensa” de abogados penalistas “especializados” para que liberen al detenido o  debido a las pruebas o por la dilación con que se procesan las causas judiciales en el Poder Judicial,  se esmeran en dilatar el trámite del expediente para que sobrevenga el plazo legal para la prescripción; en este caso obtiene la libertad e incluso les borran sus antecedentes judiciales. Existe la convicción generalizada que más “garantía” se da a los delincuentes que a los agraviados. Si no es así, como se explica que, al poco tiempo de detenidos, la PNP los vuelve a capturar por nuevos delitos. ¿Podría evidenciarse deficiencia en las normas penales o la responsabilidad de los magistrados?

Es gravísimo el hecho que los autores del delito, aunque hayan cumplido la pena privativa de libertad con que fueron sentenciados, no devuelven a los agraviados los bienes y/o dinero que les hurtaron, robaron, apoderaron o estafaron; tampoco pagan al agraviado la reparación civil.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo obviamente tienen responsabilidad y consecuentemente los magistrados que procesan a los delincuentes. La solución es aprobar nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, que no sean parches de los actuales ni “copias” (plagio) de extranjeros. Una medida imprescindible e indiscutible es que las penas se sumen por todos los delitos de cada delincuente. Otra, es expedir normas claras, nítidas e indiscutibles estableciendo la responsabilidad personal de los fiscales y jueces de todos los niveles por no aplicar correcta y oportunamente (en los plazos procesales) las penas a que se han hecho acreedores los delincuentes, aunque sean de “cuello y corbata”. En tal sentido, si es necesario, debe modificarse la Constitución. El enjuiciamiento y la sanción a delincuentes es responsabilidad de fiscales y jueces.

¡Que los que electos para los Poderes Legislativo y Ejecutivo y magistrados del Ministerio Público y/o Poder Judicial, tomen conciencia de ello!