Por Roberto Rendón Vásquez.
Insólito, considerando sólo los últimos 30 años, hubo 7 Presidentes electos (“Como el mal menor”) y otros 3 han sido por Sucesión Constitucional. El Perú es quizá en el mundo el que tiene 7 presidentes electos cuestionados por actos de corrupción. No hay ninguno que pueda ser considerado como honesto. Unos aún siguen en investigación fiscal, otros en proceso penal; Esa corrupción se “conoció” en EE.UU. el 21/12/2016 porque su Departamento de Justicia publicó que la Constructora Odebrecht en los 20 años anteriores pagó sobornos a funcionarios públicos de 12 países. Recién desde noviembre del 2016 la Fiscalía del Perú investiga el caso conocido Operación Lava Jato. En actos de corrupción están involucrados ministros, funcionarios, alcaldes, gobernadores a quienes se le atribuye haber recibido coimas de millones de dólares para favorecer a las corruptoras en licitaciones de obras públicas. Los delitos investigados son por cohecho, peculado, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y organización criminal.
Como quiera que se refieren a los últimos periodos presidenciales, es necesario “recordar” que en todo esos lapsos presidenciales, ya existía la Contraloría General de la República obligada al apropiado, oportuno y efectivo control gubernamental “para prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos” La Ley N° 27785 (22/07/2002) (suscrita increíblemente por Alejandro Toledo”) dispone el “Control de recursos y bienes del Estado en las entidades públicas, sin excepción, las que, en uso de sus facultades, destinen recursos y bienes del Estado, incluyendo donaciones provenientes de fuentes extranjeras” (SIC) y “El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza en la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente…. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.” (SIC). Si la Contraloría General de la República hubiera cumplido sus funciones en todas las entidades públicas, desde la iniciación de proyectos de obras públicas y luego durante las contrataciones y ejecuciones de obras públicas, no hubiera permitido que se concreten los citados actos de corrupción y los habría denunciado. Tampoco lo hizo al termino de las obras. Hubo silencio, ¿Por qué? El caso estallo porque en EE.UU. el 21/12/2016 su Departamento de Justicia lo hizo público. Desde los actos corruptos en cada periodo presidencial hasta la fecha ha transcurrido lustros y aun no concluyen investigaciones fiscales ni algunos procesos penales a los comprobados corruptos. Sólo 2 x-presidentes están detenidos y uno se suicidó.
Corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse (deshonestidad, degeneración, fermentación). Es el mal uso del que hace uso un funcionario aprovechándose de su autoridad y los derechos que se le confían, relacionada con este estado oficial y usa las oportunidades y conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Usando el poder público procuran obtener ventajas y beneficios personales y beneficios indebidos para ellos como funcionarios públicos y/o para terceros. Es utilizar la administración de organizaciones estatales para obtener “riquezas” agraviando las necesidades de interés público y los fines del Estado. Están tipificados en la Sección IV – Corrupción de Funcionarios – del Código Penal. La corrupción disminuye la calidad de los servicios públicos afectando distintos ámbitos de la sociedad, dificultando el acceso al ejercicio de ciertos derechos.
Lamentablemente la corrupción persiste en los diversos ámbitos (Poderes) públicos y son materia de informaciones periodísticas. Por ende, no se la ha vencido estando al devenir político hasta la actualidad. Hay el temor que en el futuro político continúe y/o persista la corrupción en entidades públicas y que los corruptores obtengan “beneficios” pagando sobornos a servidores públicos de todos los niveles jerárquicos. No puede omitirse expresar la preocupación ciudadana porque los procesos investigatorios a funcionarios corruptos no concluyen no obstante a que han pasado años. Igualmente es preocupación la lentitud con que se procesan los casos en que se llevan procesos penales contra expresidentes, ministros y/o funcionarios y a los corruptores.
Preocupación: ¿Es o no necesario extinguir la corrupción?