El debate generado por la eventual reducción del número de nutricionistas en el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) no debería limitarse a una discusión sobre plazas, costos o programación de menús. Estamos ante una decisión de gestión pública que debe analizarse desde una perspectiva más amplia: calidad de atención, seguridad alimentaria y nutricional, gestión del riesgo y protección efectiva de poblaciones en situación de vulnerabilidad, sostiene el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP).
El CNP recuerda que el INABIF atiende a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos que, por sus condiciones particulares, requieren una protección reforzada del Estado. “En estas poblaciones, la alimentación no constituye únicamente la provisión de una ración. Es una intervención directamente relacionada con el crecimiento, el desarrollo, la recuperación nutricional, la prevención de enfermedades y la conservación de la capacidad funcional”, precisa la institución.
En este sentido, agrega que por ello, reducir la función del nutricionista a la elaboración o programación de menús constituye una interpretación técnicamente insuficiente de su responsabilidad sanitaria.
El Colegio de Nutricionistas del Perú, anota que la atención nutricional comprende un proceso mucho más complejo: evaluación del estado nutricional, identificación y estratificación del riesgo, determinación de requerimientos nutricionales, planificación de intervenciones, adecuación de la alimentación a las características fisiológicas y clínicas de cada población, vigilancia de la calidad e inocuidad alimentaria, educación nutricional, seguimiento y evaluación de resultados.
Un menú puede cumplir formalmente con una programación y, aun así, no garantizar un resultado nutricional adecuado.
La verdadera pregunta técnica es otra: ¿la alimentación proporcionada responde a la edad y condición de salud del usuario?, ¿cubre sus requerimientos?, ¿es segura y aceptada?, ¿permite prevenir el deterioro nutricional?, ¿contribuye a recuperar a quienes presentan algún problema nutricional?
Responder estas preguntas requiere profesionales competentes y sistemas de seguimiento capaces de convertir la alimentación institucional en resultados verificables de salud.
Eficiencia no significa simplemente reducir personal
El CNP manifiesta que el Estado tiene la obligación de administrar responsablemente los recursos públicos. Evaluar estructuras, procesos, productividad y dotación de personal es, por tanto, legítimo y necesario.
Sin embargo, eficiencia no es sinónimo de reducción de recursos humanos.
Desde una perspectiva moderna de gestión, una decisión es eficiente cuando consigue mejores resultados mediante una utilización óptima de los recursos disponibles, sin deteriorar la calidad, oportunidad, seguridad ni continuidad de las prestaciones.
Por ello, antes de modificar la dotación de nutricionistas debería realizarse una evaluación técnica de necesidades que considere, como mínimo, el número de usuarios atendidos, sus grupos etarios, prevalencia y riesgo de problemas nutricionales, condiciones clínicas, grado de dependencia, complejidad de las intervenciones, frecuencia de seguimiento, dispersión de los servicios, carga laboral efectiva, actividades asistenciales y administrativas y resultados nutricionales obtenidos.
El CNP insiste que la dotación profesional debería ser consecuencia de ese análisis y no una cifra definida previamente a la cual posteriormente deba adaptarse el servicio.
Este principio es especialmente importante cuando se trabaja con poblaciones vulnerables. Una reducción que produzca un ahorro presupuestal inmediato puede generar costos posteriores si disminuye la capacidad para identificar tempranamente pérdida de peso, desnutrición, anemia, exceso de peso, dificultades de alimentación u otros riesgos nutricionales.
En gestión sanitaria, aquello que parece económicamente eficiente en el corto plazo no necesariamente resulta costo-efectivo cuando se evalúan sus consecuencias.
La discusión debe centrarse en resultados
Este tampoco debería convertirse en un debate corporativo sobre la defensa de puestos profesionales. El problema de fondo es mucho más importante: qué capacidad técnica necesita el Estado para garantizar una atención nutricional de calidad a las personas que se encuentran bajo su protección.
No corresponde sostener que un mayor número de profesionales necesariamente produce mejores resultados. Tampoco resulta técnicamente válido asumir lo contrario: que reducirlos genera automáticamente mayor eficiencia.
La cantidad adecuada de nutricionistas debe sustentarse en necesidades objetivas, carga asistencial, complejidad de la población, estándares de atención e indicadores de desempeño.
Por ello, antes de adoptar una decisión de esta naturaleza deberían responderse preguntas concretas: ¿qué indicadores nutricionales presentan actualmente los usuarios?, ¿cuál es la carga real de atención por profesional?, ¿qué actividades desarrolla cada nutricionista?, ¿qué riesgos quedarían sin vigilancia?, ¿qué resultados se espera mantener o mejorar después de una eventual reorganización?, ¿cómo se garantizará que la calidad de atención no disminuya?
Estas respuestas permitirían transformar una controversia sobre número de profesionales en una discusión seria sobre resultados sanitarios, calidad del gasto y valor público.
Una responsabilidad que el Estado no puede delegar
Cuando una niña, un niño, un adolescente o una persona adulta mayor se encuentra bajo protección estatal, el estándar de cuidado no debería disminuir por encontrarse fuera de su entorno familiar. Por el contrario, su situación de vulnerabilidad exige mecanismos reforzados de protección.
Cada alimento servido en una institución pública representa, en consecuencia, mucho más que el cumplimiento de una ración programada. Forma parte de una intervención destinada a proteger la salud, el desarrollo y la dignidad de una persona.
El CNP anota que por eso, la pregunta que debería orientar cualquier reorganización no es “¿cuántos nutricionistas podemos reducir?”, sino:
“¿Cuántos y qué profesionales necesitamos para garantizar resultados nutricionales adecuados, seguros y medibles en cada persona atendida por el Estado?”
Si una evaluación técnica demuestra que determinada dotación puede modificarse sin afectar los resultados, la decisión tendrá sustento. Pero si esa evidencia no existe, aplicar primero el recorte y evaluar después sus consecuencias supone trasladar el riesgo hacia quienes tienen menor capacidad para defenderse.
La gestión pública moderna debe avanzar hacia decisiones sustentadas en evidencia, indicadores y resultados. En nutrición, esto significa evaluar no solamente
cuánto cuesta una intervención, sino qué resultado produce por cada recurso público invertido.
Porque el INABIF no necesita nutricionistas simplemente para llenar hojas de menús.
Necesita la capacidad profesional suficiente para garantizar que detrás de cada menú exista una persona adecuadamente alimentada, evaluada, protegida y acompañada nutricionalmente.
No son menús. Son personas. Y esa diferencia debería definir cualquier decisión pública.
