Pablo Sánchez solicitó al CNM entrega de puesto en Lima a un amigo sin concurso público. Asimismo, favoreció a asistente que elaboró el documento de archivamiento del caso Sánchez Paredes.
Mientras todo el país está que revienta por el caso de los audios que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a magistrados del Poder Judicial (PJ), el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que está de salida, se ha dedicado a firmar resoluciones de nombramiento de nuevos fiscales de su entorno, incluso solicitando al CNM que sea sin concurso, según sus propias normas, publicadas en el diario oficial El Peruano.
Es el caso de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2549-2018-MP-FN, del 16 de julio de 2018, publicada al día siguiente en la gaceta oficial, mediante la cual se traslada al fiscal Samuel Agustín Rojas Chávez de Junín a Lima, pero con la exigencia al CNM de que se le exonere de concurso en su nueva plaza.
Lo delicado es que Sánchez Velarde, en el Artículo Décimo Octavo de la citada resolución, no se limita a “poner a conocimiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura” el nuevo nombramiento, sino que le solicita que “que extienda nuevo título a favor del magistrado mencionado [Rojas Chávez]”.
Por su importancia lo transcribimos textualmente:
“Artículo Décimo Octavo.- Poner a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que extienda nuevo título a favor del Magistrado mencionado en el artículo tercero de la presente resolución; por los motivos expuestos en la parte considerativa”.
EN 72 HORAS
Pero lo curioso, más allá del mencionado pedido, es que ese traslado a Lima solo era formal, en el papel, porque ya había sido ubicado en la capital el 13 de julio, mediante otra norma, como está escrito en la resolución fiscal Nº 2500-2018-MP-FN.
Es decir Rojas ya laboraba como fiscal adjunto superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima y “como Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”.
Dicho de otra forma, mientras el fiscal en mención aparentaba estar en Junín, como fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada, para luego ser nombrado “en el Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada” de Lima, a este magistrado Sánchez Velarde “ya lo tenía en Lima viendo expedientes sensibles de enriquecimiento ilícito”, señaló una fuente del Ministerio Público que solicitó el anonimato.
Estando en estos niveles de responsabilidad, sin concurso alguno, en 72 horas le han dado un despacho de crimen organizado con competencia nacional, dejando de lado a fiscales adjuntos provinciales con una amplia trayectoria en crimen organizado, quienes se enfrentan a las balaceras, las amenazas de juicios, entre otros peligros de sus vidas por la proliferación del sicariato, y no son promovidos.
MALESTAR
De otra parte hay malestar en el equipo de los fiscales de crimen organizado contra Sánchez Velarde. Uno de los problemas es que una fiscal superior María Maguiña Torres archivó el caso del clan de los Sánchez Paredes, incriminados en narcotráfico y lavado de activos, en 10 días en el año 2012, cuando el titular de esa dependencia, Jorge Chávez Cotrina, estaba de vacaciones.
En el caso de los Sánchez Paredes, como es público, el entonces fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, le dio un respaldo implícito no solo a María Maguiña Ramos, al archivar la denuncia que llegó a su despacho, sino al equipo de dicha fiscal que encabezaba Kelin Cárdenas.
Pero las consecuencias de esa decisión recién se deslizan ahora. Y esto porque la Fiscalía Suprema de Control Interno había iniciado una investigación a la fiscal adjunta Maguiña Torres y esa sería la razón del porqué el Ministerio Público informó que la ha retirado del sistema de criminalidad organizada.
Pero acá no queda la historia porque su asistente, una muchacha de nombre Kelin Gloria Cárdenas, quien había proyectado el escrito del archivamiento, resulta que el CNM la nombra fiscal adjunta provincial de crimen organizado.
Si bien dicho documento fue firmado por la fiscal Maguiña, en los archivos consta que lo elaboró un equipo a dedicación exclusiva que, junto a la asistente de función fiscal Kelin Cárdenas, lo integraban Katherine Blas, Karen Mercado y Silvia Díaz.
Y en mayo del año pasado, Sánchez Velarde, sin que Cárdenas tenga mayor experiencia en crimen organizado, “en el sentido que nunca ha sacado un caso importante ni ha ganado juicios”, según se dice en el mismo Ministerio Público, la nombra fiscal provincial de crimen organizado.
Y hace pocos días, en la vorágine de cambios en los días finales del saliente fiscal de la Nación, “la ha nombrado fiscal adjunta superior para que trabaje en el Despacho de Chávez Cotrina”.
Eso está precisamente en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2522-2018-MP-FN, de fecha 13 de julio de 2018, publicado en el diario oficial el 17 de julio último, que en su artículo 1º da “por concluida la designación de la abogada Kelin Gloria Cárdenas Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima”, y la nombran “Fiscal Adjunta Superior Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima”.
Hasta acá, para muestra, dos botones.
DECENAS DE NOMBRAMIENTOS
Los citados nombramientos han aumentado las suspicacias porque se dan en un contexto de la publicación de una lluvia de otras designaciones y destituciones que están en blanco y negro en el diario oficial El Peruano en los últimos días del mandato de Sánchez Velarde.
Los archivistas y conocedores del Ministerio Público han detectado alrededor de 50 normas legales publicadas en la gaceta oficial. Si vemos la edición del martes 17 de julio de 2018 encontramos 17 resoluciones de creación de distritos fiscales, como en Lima Sur y Lima Este y el cese de nombramientos y designaciones de fiscales, aceptación de renuncias, traslados y nuevos nombramientos.
En la edición de El Peruano del 14 de julio hay nada menos que 23 resoluciones del Ministerio Público de la misma naturaleza de ceses y nuevos nombramientos, de creación de una nueva fiscalía penal en Santa Anita, con la sola excepción de un cese por motivo de fallecimiento en Apurímac.
Para todos los casos de cambio, recambio y expectoración el argumento es similar. Arguyen que están “atendiendo y trabajando en base a las atribuciones de la Fiscalía de la Nación”. ¿Cuáles son esas?: “convertir, suprimir, trasladar y modificar plazas fiscales de acuerdo a las necesidades del servicio”.
Y para “las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada –añaden– se encuentran afrontando una recargada labor, ello proveniente de los juicios orales e incidentes tramitados bajo los parámetros del Código de Procedimientos Penales, así como la atención de los requerimientos de elevación de actuados de los dieciséis (16) despachos…”.
Apoyo al entorno caviar
Al interior de la Fiscalía se sabe que los nombramientos de última ahora tienen contenido político, es decir para favorecer a los amigos de Sánchez Velarde de la llamada “izquierda caviar”. Esto estaría pasando con la fiscal Jacqueline Julissa Pérez Castañeda, del entorno del exprocurador Ronald Gamarra, quien ha sido designada como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal del Callao. Esto, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2579-2018-MP-FN, de fecha 17 de julio de 2018.
Fiscal Pedro Chávarry juramenta este sábado
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejo juramentará como nuevo fiscal de la Nación para el periodo de julio de 2018 a 2021 este sábado 21 de julio de 2018.
Como es público, la Junta de Fiscales Supremos –integrada por Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Pablo Sánchez– por unanimidad.
Chávarry es abogado egresado de la Universidad de San Martín de Porres, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal.
PIDEN 36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA RÍOS
El juez supremo de investigación preparatoria Luis Cevallos programó para mañana viernes la audiencia en la que se evaluará el pedido formulado por la Fiscalía para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.
La sesión se efectuará desde las 8:30 horas en el Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima.
Cevallos tomó esa decisión luego que el Ministerio Público (MP) aprobara el inicio de acciones penales contra Ríos, actualmente detenido en la carceleta del Palacio de Justicia, en Lima.
A través de su cuenta de Twitter, el MP informó que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, autorizó a la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativa ejercer la acción penal correspondiente.
Ríos fue detenido la noche del último domingo a pedido del fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde, que lo considera como “hombre clave” de una presunta red de corrupción.
La investigación iniciada por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao indica que esa red de corrupción estaría organizada de la siguiente manera:
1) Red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios.
2) Red interna, con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la Corte del Callao, que tenía como “hombre clave” a su entonces presidente, Walter Ríos.
3) Red integrada por algunos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
(Fuente www.expreso.com.pe)