Las reglas de juego son los preceptos básicos que debemos observar para desenvolvernos en armonía. Ellas nos dicen qué podemos, qué no podemos y cómo podemos hacer algo.
La constitución delimita el ámbito de acción, es la norma madre a partir de la cual se engendran todas las demás, por eso se le llama Ley Fundamental, porque es el fundamento de todas las normas.
En lo que al ejercicio del poder respecta, la constitución prevé todos los mecanismos necesarios para preservar las instituciones políticas e impone límites a los actores a fin de que no haya un ejercicio abusivo, inescrupuloso o deficiente. Por eso, cuando una de las instituciones no está siendo bien administrada, la constitución establece las formas para sacar del puesto al incompetente, al abusivo, al corrupto o al incapaz moral. Y así como ofrece las normas para destituirlo, establece también las disposiciones pertinentes posteriores a fin de retornar al funcionamiento normal de la institución.
Estos mecanismos constitucionales, como la vacancia presidencial, las censuras, revocatorias, etc. no buscan dañar la gobernabilidad ni debilitar el sistema democrático, muy por el contrario, buscan preservar el buen funcionamiento de las instituciones y dar estabilidad político-social al país para que no se convierta en impredecible e inviable.
La aplicación de estos mecanismos, es cierto, debe ser realizada con reflexión, responsabilidad y oportunidad, a fin de no desnaturalizar su objetivo.
En política el sentido de la oportunidad es primordial, pero el sentido de la oportunidad —para aplicar estos mecanismos constitucionales— no significa cálculo temporal o cálculo político para conveniencia o ventaja partidaria-electoral; la oportunidad tiene que ver con los efectos y el impacto de la decisión en el proceso de desarrollo y funcionamiento del Estado.
Las actuaciones de control si no son oportunas no son eficaces y debilitan las instituciones al permitirse la continuidad de un ejercicio político indebido. No es gratuito que hoy observemos gran desconfianza ciudadana por la política y las instituciones, ello es consecuencia de la inacción en el momento oportuno para expulsar a la mala autoridad.
Esa inacción política, como ya lo decía antes, no sólo ha llevado a los peruanos a aceptar y elegir autoridades cuestionadas ética y moralmente, sino que se aceptan los actos de corrupción como una pieza más del engranaje político. Antes, la corrupción era un flagelo de la política, hoy está siendo parte de la cultura política peruana. Antes, en las campañas electorales se discutían visiones de país y propuestas; luego se promocionaba al político que fuera el mal menor; hoy, pedimos que voten por el candidato con menos actos delincuenciales en su haber!
Los estudios nos muestran dónde están nuestros principales errores, dónde se arraigan nuestros males, estamos más que sobre diagnosticados (todos sabemos dónde está la corrupción, dónde empieza, cómo se ejecuta), de lo que adolecemos es de una firme decisión política para atacar su estructura, en la que muchas veces se halla un político de muy alto nivel o alguien muy allegado a él.
Cuando realizadas las pesquisas un corrupto cae, no es éste el cabecilla; cae siempre el socio menor o un allegado al socio menor, por eso la corrupción puede seguir siendo manejada, consolidarse y expandirse como una red en todos los niveles del Estado.
Las evidencias de que en el Perú hay ‘protección entre pares’ ha sido muy perjudicial. El amiguismo en la política lo único que confirma es que sí, en efecto, todos son iguales, entre todos se tapan y siempre tienen algo que ocultar.
Entonces, lo aquí expuesto plantea la siguiente interrogante a reflexionar:
¿Qué perjudica más a un país: Aplicar los mecanismos constitucionales para defenestrar al incompetente sin liderazgo, al que se deja usurpar el poder, al encubridor de ilegalidades, al incapaz moral que debilita las instituciones, retrasa el desarrollo y nos sume en la mediocridad; o, No aplicarlos con tal de evitar en el corto plazo una momentánea crisis política, pero permitiendo, en el largo plazo el establecimiento de fuertes instituciones corruptas e ineficaces?
Los actores políticos tienen la palabra.
