Licencia Social Ciudadana

Los conflictos sociales –especialmente los derivados de la explotación minera- siguen diseminados por todo el país, unos más complejos, otros de baja intensidad. Toda esta discusión y análisis, nos ha ilustrado mucho sobre la necesidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como uno de los requisitos previos a los procesos concretos de instalación y posterior explotación de los distintos, ricos y muy variados minerales presentes en el Perú. Ya lo dicen los expertos: la riqueza polimetálica en el Perú, es única en América Latina.

He revisado abundante bibliografía sobre el Impacto Ambiental, especialmente la más reciente, que nos remite a principios de este siglo XXI, (Ley General del Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y otros textos fundamentales) a fin de entender los mecanismos de consulta y de cómo se toma en cuenta la opinión de las y los ciudadanos que viven en esas regiones. Hay expertos que dicen que sí, que se hacen las consultas, las audiencias, las reuniones, que se levantan Actas y Acuerdos, pero que al final, es el Estado quien toma la decisión.

Pero estas reflexiones que toman como punto inicial los EIA, quieren aterrizar en otro contexto: vivo en San Isidro, que, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es uno de los Distritos más “top” de Lima y del país; sin embargo, “sufro” de algunos de los problemas que aquejan a Distritos como Comas, Villa María o San Juan de Lurigancho, algunos en mayor medida y otros un poco menos visibles; inseguridad ciudadana, contaminación sonora y visual, tráfico “casi salvaje” y una invasión de trabajos en los servicios públicos absolutamente anárquica, descoordinada y sin posibilidad de intervención por parte de la ciudadanía.

Ustedes creerán que exagero y que soy un quejón insoportable: nada más alejado de la realidad; he vivido en varios países y en distintas circunstancias y coyunturas: me adapto. Lo que me parece increíble es que, habitando donde ahora lo hago, mi pobre calle sea intervenida quirúrgicamente (léase destruida y vuelta a parchar) tantas veces como los concesionarios les dé la gana. Electricidad, agua, telefonía, gas natural, redes sociales y sigue la lista. Un día me levanto y la calle ha sido cerrada (conos y mega avisos incluidos), lo cual congestiona las vías de acceso y las colapsa, en una ciudad que viene recibiendo 300.000 nuevos autos al año.

Los obreros reciben cabizbajos los insultos de conductores y peatones (seguro los entrenaron para ello) y cumplen sus trabajos en los plazos previstos-salvo alguna circunstancia extraña como u aniego u otro incidente- y aparte de los insoportables ruidos del taladro (cual dentista), en pocos días terminan sus quehaceres y se trasladan cuadras abajo, a fastidiar al siguiente vecino.

¿No habrá una “licencia social ciudadana” para poder articular estos trabajos de los servicios públicos? ¿Cuál es el proceso y cuánto paga una empresa a la Municipalidad por estos asuntos? Cuándo una empresa constructora cierra una avenida híper transitada para colocar una grúa torre o cierra un carril para descarga de cemento ¿cuánto le paga a la Municipalidad pero quien sufre es el vecino?

Creo que va llegando el momento en que nosotros vecinos, podamos levantar nuestra voz de protesta y hacer valer nuestros derechos. El bypass sacado de la manga, el tercer carril inconsulto de la Costa Verde y otras calamidades “y que urbanísticas”, merecen una consulta a quienes tenemos que modificar horarios y rutas para cumplir con nuestras actividades diarias. Un grupo ya lo ha hecho… ¿pero y nosotros? ¿Hay licencia social para tanto maltrato?

Ya vemos que no es una cuestión de Distrito A o X, es el desprecio por nuestra opinión y la falta de coordinación entre los Municipios y las empresas prestadoras de servicios, a las cuales les importa poco (o nada) nuestra opinión.

Natalia Málaga: ¡grítanos la frase mágica! (ya sabemos cuál)…