La prueba ya empezó

Santiago Felix Morán – Director General

Hace cuatro semanas, indicamos desde este portal que gobernar era más que llegar al poder y que, aunque era demasiado pronto para juzgar resultados, ya podía comenzarse a evaluar la preparación del Gobierno. Hace dos semanas precisamos que las instituciones deben prevalecer sobre la conveniencia. Hoy ya podemos ver los resultados preliminares de ambos exámenes.

Datum registra que la aprobación de la presidente Keiko Fujimori cayó del 60% en agosto al 42% en septiembre, mientras su desaprobación pasó del 20% al 44%. El IEP, con una metodología distinta, ubicó su aprobación en 37% y su desaprobación en 49%. No se trata de imponerle al Gobierno una vara inventada, fue el propio Ejecutivo el que la colocó. En su primer mensaje presidencial, Fujimori definió como sus dos frentes urgentes de emergencia nacional al Fenómeno del Niño (FEN) y la seguridad ciudadana, prometiendo objetivos medibles y pasar de la reacción a la prevención. Por tanto, esa es la medida con la que hemos observado sus primeros meses. El resultado es que se acaba la luna de miel; una que no termina por haber transcurrido muchos meses, sino porque los problemas que el Gobierno prometió enfrentar comenzaron a exigir respuestas sin que el Gobierno esté listo para exhibirlas.

Iniciemos con el Fenómeno El Niño. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ya ha decretado la alerta de Niño Costero en su comunicado del 28 de septiembre. Es decir, que, a partir de esa fecha, quedan fuera del análisis los condicionales blandos. UNICEF ha expuesto que más de 3 millones de niños y adolescentes – cerca de un tercio de la población comprendida en este rango etario de nuestro país – se encuentran en riesgo alto o muy alto. Más de 13 mil locales educativos y casi 2 mil establecimientos públicos de salud también se encuentran expuestos y categorizados de la misma forma. En lo concerniente a lo capitalino, 9 de los 18 distritos más vulnerables tienen un retraso considerable en la ejecución del programa presupuestal destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de desastres, con cerca del 45% del presupuesto sin implementar. Adicionalmente, el déficit es similar en otras localidades peruanas. Solo se tiene registro de 85 de las 149 obras preventivas entregadas y ninguno de los seis grandes proyectos de drenaje pluvial del paquete G2G británico, suscrito en 2020 después de la devastación dejada por el FEN 2017, ha sido terminado. Lo mismo sucede con 46 de los 51 proyectos de soluciones integrales contra inundaciones.

Sería intelectualmente deshonesto, sin embargo, atribuir esta precariedad al Gobierno de turno. Son nueve años de administraciones públicas sucesivas que han convertido la prevención planificada luego del FEN de 2017 en una deuda que ha sabido sobrevivir a presidentes, gabinetes y un sinfín de autoridades regionales y municipales. Esa herencia explica la situación inicial de este Gobierno, mas no le concede licencia para heredársela al siguiente o quedarse de brazos cruzados ante el ya latente problema. Además, existen también factores limitantes para las respuestas temporales que este Gobierno pueda tomar. Las geobolsas, barreras y descolmataciones ya iniciadas pueden reducir daños, pero no vuelven habitable una quebrada declarada en riesgo. Justo para quien vive literalmente sobre un cauce o en una quebrada de riesgo muy alto necesitamos alerta, evacuación, transporte y albergues preparados.

Dentro de esta situación, cabe resaltar la figura del ministro Marco Vinelli y el trabajo que viene encabezando. Ha informado sobre el Decreto de Urgencia 010-2026, que habilita los Servicios por Impuestos (SxI); los 536 puntos críticos en los que el Ejecutivo sostiene que interviene; los 22 puentes Bailey existentes y los 55 anunciados para diciembre; 1.100 máquinas pesadas; 460 motobombas; albergues; barreras; geobolsas; medidas coordinadas con el apoyo del sector privado, que ya ha empezado a participar; y otros recursos de respuesta. Parece que, en medio del inicio tormentoso del Gobierno de Fujimori, Vinelli parece haber entendido algo elemental: que el calendario climático no solo no negocia, sino que nunca se acomodará al calendario político. Así pues, este ímpetu debe convertirse en política de Gobierno y no permanecer como una excepción en el gabinete.

Resulta por ello extraño que el Ejecutivo insista en el pedido de facultades legislativas como pieza central de su capacidad de respuesta. Ya hemos comentado largo y tendido al respecto. Sin embargo, es pertinente volver a precisar que el Ejecutivo tiene responsabilidad al presentar un pedido excesivamente amplio, pues se pronosticó que esto demoraría el proceso innecesariamente. Ahora algunas bancadas ya han presentado textos sustitutorios. Renovación Popular (RP) mantiene un alcance bastante amplio; Buen Gobierno limita el plazo y los temas a solo 90 días y a seguridad y FEN, respectivamente. Otras bancadas ofrecen fórmulas intermedias. CONFIEP resumió correctamente la tensión institucional al pedir celeridad, pero también al señalar la necesidad de que no se tergiverse este pedido en un cheque en blanco, sino que se den facultades claras, delimitadas, controlables y con rendición de cuentas. Por tanto, en este contexto, que Keiko afirme que el Congreso está “poniendo a prueba nuestra paciencia” aporta poco. La paciencia de la presidente no es una prerrogativa conferida por ninguna norma para resolver desacuerdos entre los poderes.

Con relación al otro tema importante, la seguridad, resulta interesante comprender el panorama como lo explica el criminólogo Nicolás Zevallos. La situación coyuntural es de “sistemas criminales”, no necesariamente de una organización jerárquica. Existe una base operativa dispersa de capacidades distribuidas: conexiones por oportunidad, sicarios por un lado, armas por otro, logística, información y, eventualmente, corrupción institucional; todas estas fragmentaciones son capaces de sustituirse entre sí. En consecuencia, desarticular una banda puede producir una conferencia de prensa o titulares en diarios, pero permanecen las armas, los sicarios, la logística, el financiamiento y los contactos, y un grupo homólogo no tardará en aparecer. En este contexto, la frase atribuida a Johnson Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, cobra otra dimensión: “Si hablo, Trujillo se queda sin policías”. La frase no consta en el acta oficial, pero su gravedad exige investigarla, pues es necesario esclarecer hasta qué punto estos criminales han logrado construir conexiones dentro de las instituciones encargadas de perseguirlos. Desarticular el sistema exige inteligencia, investigación e instituciones íntegras para que el crimen no pueda comprar mañana aquello que perdió hoy.

Aún en seguridad, sigue siendo necesario reflexionar sobre el episodio del Liceo Naval. Es deleznable que semejantes hechos hayan podido ocurrir en una institución educativa manejada por una de nuestras fuerzas del orden; hasta resulta algo tórridamente irónico. Pero es aún más grave que, habiendo 80 denuncias registradas, 50 entre alumnos y 30 involucrando a personal y estudiantes, y tratándose de temas como hostigamiento sexual, actos de connotación sexual y violencia física y psicológica, hayamos llegado a ver semejante demostración de barbarie. Además, la irresponsabilidad de los adultos presentes debe determinarse hasta las últimas consecuencias, incluida cualquier eventual responsabilidad por omisión que corresponda legalmente. Que no hayan ejecutado materialmente una agresión no vuelve irrelevante lo que dejaron de hacer frente a lo cometido por quienes tenían bajo su cuidado. Cuando existen decenas de alertas, ya no se puede alegar que este era un problema desconocido, sino que debe asignarse responsabilidad directa a la institución que no tomó las medidas necesarias con lo que sabía. Y esta crítica, lamentablemente, no debe limitarse solo a un colegio, pues es transversal a varios de Lima y, seguramente, del país.

La política exterior tampoco quedó fuera de esta evaluación. Keiko Fujimori se presentó en la Asamblea General de la ONU el pasado 22 de septiembre y desperdició la oportunidad. Habló largamente del crimen organizado, educación, institucionalidad y policías/militares procesados. El FEN, sin embargo, brilló por su ausencia. Parece que se lo hicieron notar – o tal vez lo leyó en el chat de alguno de sus en vivos –, pues solo atinó a mencionar el tema en su reunión con Guterres del día siguiente. Minutos después de la intervención de Fujimori, el presidente chileno utilizó la misma tribuna para presentar una reducción del impuesto empresarial, cifras de inversión y condiciones concretas para atraer capital. El contraste fue particularmente visible. Aunque Keiko ya ha transitado por esos lares de Nueva York cuando acompañaba a su padre en calidad de primera dama, parece que no caló el entendimiento de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no es una prolongación del Consejo de Ministros ni mucho menos un mitin con traducción en simultáneo. Una presidente representa al Perú también decidiendo qué Perú mostrarle al mundo. No solo dejó de lado un mensaje que atraiga inversión, también dejó de lado una oportunidad de pedir ayuda humanitaria para lo que vendrá con el FEN.

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) llegan a su fin esta semana. Vienen siendo unos comicios deslucidos, donde sobresalieron el espectáculo barato y el vacío. Por ejemplo, luego de los debates – extensos en demasía, dicho sea de paso – no se recordó una sola política pública salvo la solidez en las propuestas de Mónica Yaya del APRA. Lo que sobrevivió a la mañana siguiente fueron momentos como la “Ciudad Gótica”, “Dinito”, “Muchacho Provinciano”, ataques varios o el chascarrillo entre Daza y RLA. En esto último vale detenerse a precisar que la política puede, y debe, ser confrontacional sin convertirse en bravuconería, como la expuesta en los mensajes amenazantes que Daza hizo públicos y atribuyó a López Aliaga. Pero esperar más de RLA o RP sería muy naive. Cuarto Poder mostró que RP ha presentado a 110 postulantes con sentencias registradas. López Aliaga, además, ha ventilado la vida privada de su contrincante Carlos Bruce y se refirió a él como “una bebita maleducada”. Similarmente, tuvo el poco tino de llamar “piraña” al mencionado Daza. Existe un balance de gestión que también merece ser discutido. López Aliaga dejó la Alcaldía de Lima en 2025 para presentarse por segunda vez a la presidencia. Su gestión impulsó tres operaciones de endeudamiento por más de S/ 3,7 mil millones y se calcula que, así, la deuda de Lima llega a más de S/ 5 mil millones al cierre de 2025, equivalente al 347,6% de sus ingresos corrientes promedio. Por último, tras perder la elección presidencial, López Aliaga fue elegido senador, decidió no asumir el cargo y ahora ha decidido postularse aprovechando un aparente vacío legal en la llamada “reelección encubierta”. Es así, pues, que pareciese que la ciudad capitalina se pone a merced de la predestinación, la suerte o el abismo, dependiendo de la fe personal del lector.

Hace cuatro semanas sostuvimos que era demasiado pronto para juzgar los resultados de un Gobierno recién instalado, pero no para juzgar su preparación. Hace dos semanas recordamos que las instituciones importan precisamente cuando incomodan. Hoy ambas advertencias empiezan a encontrarse con la realidad. La prueba ya empezó y, a diferencia de la propaganda, la realidad no concede prórrogas o rezagados.