Delincuentes y corruptos, con o sin corbata, actúan libremente en las municipalidades, gobiernos regionales, fiscalías, superintendencias, etc. Ni qué decir del sistema de justicia que tiene un micromundo corrupto que ameritaría todo un tratado.
Las últimas evidencias sobre la participación de altos funcionarios del Estado en actos delincuenciales pone en cuestionamiento el funcionamiento del Estado peruano. Ya no se trata de casos aislados, se trata de todo un sistema público cuyo diseño favorece la corrupción y la injusticia. El dicho tantas veces negado ‘En el Perú, con plata consigues lo que quieres’ nadie se atrevería hoy a contradecirlo. Así es: Consigues fallos judiciales a la medida, consigues licitaciones, consigues tu libertad, consigues meter preso a quien te estorba, consigues propiedades arrebatándoselas a otros, consigues licencias de construcción, consigues una curul, consigues todo, y esta realidad, aunque quieran disfrazarla, de ninguna manera nos hace un país confiable y predecible. Un país donde la justicia ––y todo–– se compra no puede ser visto como un lugar atractivo para las inversiones. Si a eso le agregamos que entes del Estado desvían sus recursos para espiar a todo el mundo (incluidos empresarios) ¿qué competencia justa y real puede haber?
Un factor básico para el desarrollo de un país es el buen funcionamiento de las instituciones y el Perú está retrocediendo en ese aspecto. De 143 países estudiados, según el Informe de Competitividad Global 2014-2015 realizado por el Foro Económico Mundial, el Perú ha pasado del 109 al 118.
El mismo informe nos dice que entre los factores más problemáticos para hacer negocios destacan la burocracia gubernamental y la corrupción.
Entonces, si tenemos una burocracia gubernamental muy activa en los actos de corrupción ¿cómo es que pasaremos a las otras fases del desarrollo?
Pasar a las otras fases sin cambios sustanciales en el diseño estatal será un paso insostenible, un albur, que nos hará estar siempre inmersos en la mediocridad.
Si realmente hay intención de consolidar las instituciones, debemos primero mirar dentro de ellas y, para comenzar, tomar tres medidas fundamentales: destituir (no sancionar, ni amonestar, ni cambiar de unidad), destituir a todo funcionario público que haya ido en contra de la razón de ser de la función pública; revisar las normas que permiten encontrar resquicios y sacar la vuelta a la ley favoreciendo intereses particulares; y, evidenciar los abusos de las ‘aves de paso’ (los jefes nuevos, sus asesores y sus contratados) que no respetan a la organización y más bien la debilitan. Según sus objetivos, ‘los nuevos´ no buscan necesariamente rodearse de servidores públicos idóneos de la institución sino que para sus fines buscan cómplices, y en ese afán despliegan una serie de maltratos que incluso lindan con lo delincuencial. Esta característica de la administración pública no es un hecho aislado, funciona como un submundo que ha ido carcomiendo el buen funcionamiento de las instituciones. El modus operandi: Entra un nuevo jefe, este contrata al ‘nuevo equipo’ y se inicia un avasallamiento del personal (personal conocido como los ‘chí cheñó’, por lo general poco preparados, de poca solvencia moral y con débil personalidad), con la finalidad de poner a la institución no al servicio del ciudadano o de los objetivos estatales sino al servicio del jefe de turno, desplegándose una serie de abusos y atropellos contra los funcionarios que no se prestan a los fines subalternos. Esto sucede a vista de todos y no pasa nada, se acepta calladamente.
Con frecuencia se anuncian ‘reformas’ que no son sino simples anuncios mediáticos. Los cambios que se ejecutan son maquillajes que no tocan las estructuras del problema. Hay un gatopardismo puro: se hacen cambios para que todo siga igual. ¿Hasta cuándo?
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1 Septiembre, 2018
4 Abril, 2018
