En su último mensaje presidencial, Boluarte mencionó "una reforma al actual sistema de justicia". Sin embargo, esta propuesta plantea interrogantes sobre su viabilidad y alcance real. Una verdadera reforma judicial requiere un proceso integral y planificado que trasciende el simple cambio de funcionarios en cargos directivos. Considerando las limitaciones temporales del actual gobierno y la complejidad inherente a este tipo de transformaciones, resulta pertinente analizar qué elementos serían fundamentales para lograr una reforma efectiva del sistema de justicia peruano. A continuación, presentamos algunas ideas para una propuesta sólida de una reforma real en la justicia peruana.
El primer punto que debemos entender es que lo primero para iniciar esta reforma es la revisión minuciosa del Capítulo VIII de nuestra Carta Magna e incorporar el Sistema de Administración de Justicia Peruano, conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, además de las representaciones en los órganos supranacionales.
El segundo punto es crear la "Ley del Sistema de Administración de Justicia", que establezca directrices para mejorar el desempeño y la actuación de todos los actores involucrados en la administración de justicia.
Es importante señalar que el CEPLAN, dentro de su documento "Perú: Visión al 2050", incluye en uno de sus ejes —que también se encuentra en el Acuerdo Nacional— el objetivo de trabajar por "un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás". Esta visión, hasta el día de hoy, resulta muy ambiciosa; sin embargo, si se apuesta por una disposición seria, la reforma del Poder Judicial en un horizonte de diez años es viable y permitiría ver los primeros frutos de la transformación.
El tercer punto se refiere al recurso humano calificado. Es fundamental preparar personal especializado para la administración de justicia y crear cursos en los diferentes distritos judiciales que, mediante una rigurosa evaluación, permitan iniciar una carrera judicial. En este proceso, la Academia de la Magistratura debe cumplir un rol fundamental con los mejores especialistas en derecho, además de implementar una etapa de estudios generales para todos los operadores de justicia —teniendo como requisito previo el título de abogado—. Considerando que la Junta Nacional de Justicia no ha demostrado eficacia, debería reevaluarse su función. Asimismo, sería necesario eliminar la figura de los jueces supernumerarios y, a través de SERVIR, implementar una adecuada gestión de recursos humanos en este sector tan deteriorado.
El cuarto punto consiste en revisar los procesos penales, civiles, comerciales y laborales para establecer una duración máxima de tres años. Para lograr este objetivo, es fundamental contar con el respaldo de la tecnología y que, en diez años, el 100% de los expedientes estén digitalizados.
El quinto punto propone que los aranceles y tasas de algunos tipos de procesos judiciales tengan un costo elevado para incentivar que los ciudadanos busquen alternativas previas a la vía judicial, como la resolución de conflictos en centros de conciliación o arbitraje. De esta forma, los litigios se resolverán de manera más célere.
El sexto punto propone que el sistema penitenciario adopte un modelo mixto, privatizando algunas cárceles y creando establecimientos resocializadores. De esta forma, los reos jóvenes que ingresan al sistema por primera vez podrían resocializarse efectivamente, mientras que los internos reincidentes de más de dos ocasiones serían trasladados a prisiones especiales resguardadas por la Policía Militar. Esta sería una forma de mejorar las condiciones de nuestro precario sistema de justicia
El séptimo punto requiere decisión política para lograr una reforma que no durará un año, sino al menos diez años, aunque pueda parecer excesivo.
El octavo y último punto consiste en crear un sistema preventivo en el cual participen como actores fundamentales la escuela y la familia, con el objetivo de reducir el alto nivel de deserción escolar en el Perú según las estadísticas del MINEDU, además de lograr un Estado con mayor presencia en estos dos espacios vitales para la formación e integración de buenos ciudadanos.
Estos son algunos puntos ya mencionados en diversos espacios que ahora podrían ser tomados en cuenta para una reforma real del sistema de justicia. Es muy fácil presentar una serie de ideas que se configuran como demagogia clásica peruana, pero ante este desborde social, ya necesitamos el cómo. En esto, la presidenta y las autoridades o no lo dicen o no saben qué hacer.
