Hace algunos días la congresista Verónika Mendoza, ex nacionalista, publicó en Diario 16 un artículo al que denominó “De ciudadanos de segunda categoría a terroristas antimineros”, en el cual manifestaba –entre otras cosas- su rechazo a las declaraciones del Director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, Julio Morriberón, en el cual señalaba como “terroristas antimineros” a las personas que promovían las protestas violentas contra el Proyecto “Tía María”, puesto que “deshumanizaba” y “criminalizaba” a los potenciales interlocutores en el diálogo promovido por el Estado, entre Southern y la población.
Ahora, la situación en Cocachacra es bastante preocupante, dado que se ha polarizado el tema, por un lado aquellos que están en contra del proyecto, quienes manifiestan su descontento mediante protestas, que suelen ser –en algunos casos- violentas, y por otro lado, aquellos que están a favor del proyecto o al menos están abiertos a escuchar los beneficios de este – o será que toda la población está en contra del proyecto, situación que considero improbable- pero que no pueden manifestar su voz, dado que existen personajes con cierto poder en la localidad que promueven paralizaciones, toma de carreteras, ataque a entidades, entre otros.
¿Acaso estos actos de violencia no tienen como finalidad infundir terror en la población, con un mensaje antiminero? Creemos que sí, y un claro ejemplo de ello es el saqueo a la compañía de bomberos de Cocachacra, la que fue atacada por manifestantes contra el proyecto Tía María, donde consiguieron saquear el local y llevarse equipos de comunicación que son necesarios para la atención de emergencias.
Entonces, le contesto a la congresista Verónika Mendoza, para que no pretendamos “victimizar” a aquellos cuyo accionar los cataloga como “terroristas”, dado que se encargan de difundir un profundo miedo entre la población, y establecer una línea de pensamiento o accionar única e irrefutable, por lo que, aquellos que no estén de acuerdo con sus consignas, suelen ser llamados como traidores o “vende-patria”.
Si lo que se busca es un diálogo franco y transparente, en palabras de Verónika Mendoza, entre la empresa y la población de Cocachacra, es necesario excluir a estos personajes que a través de la radio, mensajes en plazas, volantes, etc, están azuzando a la población a levantarse contra un proyecto que aún no ha sido presentado de manera adecuada, por las constantes interrupciones y ataques por parte de estos personajes.
La actuación del Gobierno presenta serias deficiencias en lo que respecta a imponer el principio de autoridad en la zona, dado que se ha permitido la toma de carreteras, y otros actos de violencia, que no hacen otra cosa más que reafirmar la ausencia del Estado en poblaciones alejadas, y que no son capaces de manejar situaciones de crisis.
Esperemos que la agenda política de estos personajes que azuzan a la población no termine por producir consecuencias irreparables, como suele suceder en estos casos, y citamos como ejemplos a Marco Arana y Gregorio Santos.
