Censura y DINILEAKS

En las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno se ha visto inmerso en diferentes escándalos, propios de esos “talk shows” con tufillo montesinista.  El último de ellos ve involucrado –una vez más- a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) quien elaboró una exhaustiva investigación de las propiedades de miles de peruanos, entre ellos –claro está- de políticos, empresarios y periodistas con alguna notoriedad ante la ciudadanía.

Los defensores del gobierno alegan que los documentos con los cuales se elaboraron estos expedientes son de público acceso, dado que se consiguieron en los Registros Públicos, sin embargo, lo que se cuestiona no es el cómo se elaboro dichos expedientes, sino el para qué servirían, y cuál es la motivación que tienen las más altas esferas del gobierno para contar con dicha información.

Sin duda alguna este acto debe acarrear las responsabilidades políticas respectivas; sin embargo, eso no es lo que hemos observado hasta el momento, dado que una tibia Ana Jara (Primer Ministro) manifestó ante el Congreso que se llevaran a cabo las investigaciones para encontrar a los responsables, e incluso envío un oficio a la Fiscalía exhortándolos a que dispongan el inicio de acciones e investigaciones, y retirar del cargo a los altos funcionarios de la DINI, cuando lo que se esperaba era la renuncia a su cargo, como corresponde, por ser la persona a quien le reportaba directamente esta institución, y ahora, pretender que no estaba informada de aquella operación, resulta ser –por lo menos- vergonzoso. 

La respuesta tan endeble del gobierno ha generado aun más polémica, dado que resulta poco creíble que una dependencia del Estado adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y que depende funcionalmente del Presidente de la República (según lo indica el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2013-PCM) no tenga conocimiento de aquella operación.

En teoría estamos en un sistema presidencialista, pero en el plano práctico nos encontramos ante un sistema bi-presidencialista, conformado por un Presidente y su Cónyuge, quienes administran el Estado y dictan las órdenes en el Ejecutivo. Lo que corresponde es el contrapeso político del Legislativo, pero sabemos que este se encuentra parcialmente controlado o puede ser pasible de ciertas manipulaciones, entonces, lo que corresponde es un acto sincero de arrepentimiento y que Ana Jara presente su renuncia, no porque haya -o no- ordenado dicha operación, sino –también- por no tener conocimiento de aquello, y permitir que una institución adscrita a su cartera ministerial pueda realizar operaciones a su libre albedrío; o en su defecto, que el parlamento promueva una censura contra la Premier, porque existen indicios razonables para cuestionar su manejo de situaciones y decisiones, sobre todo ante este nuevo escándalo.