Terminada la Cumbre Presidencial desarrollada en nuestra capital, se suponía que la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso para exponer su plan de trabajo seria inmediatamente. Así lo había anunciado inicialmente el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Todo parece indicar que no será así. Hoy se conoce que el Ejecutivo se tomara hasta el 26 de abril y quizás hasta el mismo 2 de mayo, fecha en que se cumplen los plazos constitucionales para el llamado voto de investidura. Parece que el tiempo no es importante.
Mientras tanto, surgen los que necesitan notoriedad. Aquellos que quieren ser candidatos, o aquellos que han entrado a la política para hacerse de un nombre. Y entonces vemos al congresista que insiste en pedir ante los medios un adelanto de elecciones, pero que no hace ningún gesto con su bancada para lograr aquello. Busca titulares y no decisiones.
O aquella congresista que hace un año exigía se aprobara un proyecto de reforma constitucional sin cambiársele una coma y que hoy, ya en otra bancada, quiere eliminar la inmunidad parlamentaria. Curiosamente, lo hace desde el grupo parlamentario del partido que usaba el aparato estatal para comprar voluntades de congresistas por la probable vacancia presidencial.
Y son los hechos que acaban de suceder los que ratifican la necesidad de mantener la inmunidad parlamentaria como una garantía del trabajo de representación y fiscalización que tienen los congresistas. ¿No hubiera sido más fácil iniciarles procesos judiciales y retirarlos del parlamento, en lugar de andar buscando comprar voluntades?
Tenemos un problema real, que no es el de la inmunidad parlamentaria, sino el de un supuesto sistema de partidos, que en realidad se trata de emprendimientos electorales. La misma congresista es una muestra de la inexistencia de partidos, pues ha postulado indistintamente por varios de ellos. No le interesa ser parte de un partido, sino ser electa y famosa.
Cesar Delgado Guembes en su tratado sobre el estatuto parlamentario dice: Las propuestas de eliminación de la inmunidad parlamentaria son una mala alternativa.
Como también lo es el tratar de instalar una instancia por fuera del Congreso que sea quien evalúe la conducta de los parlamentarios. Es decir, personas que no responden a la voluntad popular evaluando a quienes si dependen de la voluntad popular. Electos por el voto ciudadano controlados por quienes no han sido electos por los ciudadanos. Es evidente que es una receta equivocada porque el diagnóstico es errado. El problema no es la instancia parlamentaria –comisión de ética- sino el mal llamado sistema de partidos que trae improvisados, sin formación. Saltapericos que van de un partido a otro. Miremos nomás la trayectoria de quienes impulsan esta propuesta.
Hay que tener cuidado del populismo parlamentario. Querrán impulsar cambios que pueden parecer tener el respaldo en encuestas, pero que van en contra de la esencia de la representación parlamentaria. Estamos advertidos.