Punto de Encuentro

FAIR PLAY. LAS REGLAS DE JUEGO CLARAS

Con las próximas Elecciones Regionales y Municipales ya convocadas desde el mes de enero, el próximo mes de octubre más de 23 millones de peruanos  elegiremos a casi 13 mil autoridades entre gobernadores y consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y sus respectivas regidurías. Se estima que estarán en contienda aproximadamente unos 110 mil candidatos.

Para este proceso lamentablemente, el Congreso, pese a que contó con casi año y medio desde su instalación (julio 2016) hasta la fecha de la convocatoria a elecciones (enero 2018) y con más de dos años hasta la fecha de las elecciones (octubre 2018) nuevamente dejó de lado la posibilidad de aprobar una reforma electoral íntegra.

Sin perjuicio de ello, nuevamente y a modo de parches, se aprobaron algunos cambios aislados, siendo sin duda el de mayor relevancia el que prohíbe la postulación de aquellas personas que cuenten con sentencia firme por delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado y corrupción de funcionarios, quienes se encuentran impedidos de postular aunque hayan cumplido su condena.

Lo dicho implica que independientemente que una sentencia haya sido cumplida e  incluso quien la haya purgado hubiese posteriormente ejercido cargo de elección popular, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30717 ya no podrán candidatear.

De otro lado, en materia de financiamiento privado, la Ley 30689 prohíbe que personas condenadas o incluso con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, puedan efectuar aportes económicosa los partidos y campañas electorales. Sobre el particular entendemos la norma resulta siendo por decir lo menos ingenua si tomamos en cuenta que dichas aportaciones se efectúan siempre bajo la mesa y nunca a plena luz del día.

En igual sentido, la norma bajo mención señala que todo aporte privado en dinero, que exceda a una Unidad Impositiva Tributaria (S/. 4,500), se realiza a través de entidades del sistema financiero, quedando prohibidos los aportes de empresas nacionales o extranjeras;finalmente se elevóa 120 UIT el límite máximo tope para los aportes.

Esta norma presenta sin duda varias aristas que conviene precisar.

En primer lugar, nuestro legislador optó por la bancarización en lugar de crear un fideicomiso que bien hubiese podido ser administrado por la ONPE. Pese a ello, la norma es saludable pero presenta el inconveniente que no es posible fiscalizar a todos los aportantes ni todos cumplirán con la norma y dejarán constancia bancaria.

En segundo lugar, la norma no exige a las organizaciones políticas que participen en el procesoelectoral de presentar ante la ONPE los reportes de sus ingresos y gastos de campaña; estableciendo que presentarán un único reporte una vez concluido el proceso electoral, es decir, con los resultados ya conocidos y dejando abierta la posibilidad que las infracciones que pudiesen cometerse afecten directamente la campaña y con ello el resultado del proceso.

En tercer lugar, la norma no contempla ningún tipo de sanciones políticas para las organizaciones que por ejemplo, reciban dinero de fuentes prohibidas.

Como puede apreciarse, los cambios legislativos respecto al financiamiento de campañas si bien obedecen a una necesidad cuya exigencia era demandada desde todos los sectores, no es menos cierto que en la medida que no disponga de sanciones efectivas ni se robustezca a los organismos electorales encargadas de hacerlas cumplir, éstas no cumplirán con su real objetivo. 

Finalmente, mediante Ley 30682 se ha dejado de lado la posibilidad de modificar las normas electorales una vez convocadas las elecciones. De esta manera, se deja abierta la posibilidad que la reforma electoral sobre aspectos que aún no han sido atendidos como democracia interna o cuotas de género, continúe, pero los cambios normativos que pudiesen aprobarse solo podrán ser de aplicación para posteriores procesos electorales y no para el mes de octubre.

 

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