La prensa libre una vez más ha tenido la valentía de hacer de conocimiento público actividades ilícitas de seguimiento, reglaje, observación, vigilancia materializadas en documentos fotográficos y fílmicos que prueban contundentemente que existiría todo un plan estructurado en los más altos niveles de poder político con la finalidad de, empleando estas formas vedadas y antidemocráticas, obtener información a partir de seguimientos sistemáticos a políticos y opositores que el gobierno consideraría enemigos, para tratar de conocer sus puntos débiles con la finalidad de desprestigiarlos y silenciarlos. 

Creo que soy un conocedor de cómo funciona el Sistema de Inteligencia Nacional, las oficinas y agencias que lo conforman cuya tarea es sin lugar a dudas importante cuando los objetivos y metas de las acciones de inteligencia de un estado están focalizados para poner a buen recaudo su seguridad externa e interna y por ende, la seguridad y la convivencia pacífica de sus ciudadanos; disponiendo para ello de una gran infraestructura en recursos logísticos, humanos, tecnológicos, presupuestales y otros; pero cuando éstos son utilizados con fines de persecución política, se pierde el sentido y la esencia de la herramienta de inteligencia que dispone un estado para su bienestar.

Los ciudadanos del Perú han conocido a través de Correo Semanal el seguimiento del que ha sido objeto el Dr. Jorge Del Castillo, el autor de esta nota y un conocido empresario. Al analizar rigurosamente dicha información, arribamos a la conclusión de que este trabajo lo vienen realizando oficinas de inteligencia del estado (DINI) y otras, las mismas que dependen directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y cuyo jefe responsable despacha con el Presidente de la República. Por lo tanto, es lógico concluir que en éste nivel de gobierno se conocería de estos actos irregulares y antidemocráticos. Acciones similares de reglaje a las legisladoras Espinoza y Saavedra refuerzan nuestra posición. 

Estas prácticas antidemocráticas ilegales y delictivas deben ser rechazadas por la sociedad en su conjunto, es necesario que las oficinas de derechos humanos, la sociedad civil, los colegios profesionales, los partidos políticos se pronuncien de una manera organizada y contundente frente a estos evidentes actos de abuso de poder. No hacerlo, sería contribuir con nuestro silencio en la consolidación de un estado policiaco y eso sería fatal para un sistema democrático como el nuestro que tanto esfuerzo nos cuesta consolidar.