Transición a medias

Por José Bulnes

La incertidumbre es el rasgo fundamental del nuevo régimen al que arriba un proceso de transición política[1], cuando un gobierno autoritario pierde legitimidad y el equilibrio de los contrapesos sociales de la gobernabilidad. Fue una continuidad económica, pero sí una ruptura social: de la relación directa del Estado con la sociedad civil, en los noventa, se instala en el año 2000 la intermediación institucional, ya la burocracia estatal, ya la burocracia partidaria.

El sistema de partidos erosiona tal vez porque ya no hay diferencias con el modelo o la estructura económica. La transición del año 2000 no significó una expropiación de tierras, no se conmocionó el sistema financiero, no hubo una nueva Constitución. Sin embargo, se reafirmó un rasgo de la unidad posible de todos los peruanos: el pasado Inka. El Tahuantinsuyo congrega una identidad, ya para negarla o afirmarla a propósito de la Marcha de los Cuatro Suyos. Pero también somos la República de 1821.

No obstante, algo se dejó atrás, la década de la reconstrucción económica, los 90, el antipartidismo. Retorna la democracia en su forma mínima, se avizoran las plataformas de las maquinarias partidarias, pero el marco constitucional es la Carta de 1993. Retornan los partidos pero sobre un tejido institucional difícilmente cuestionable: elecciones regulares y apertura de mercado. Cambian las dirigencias, pero no la noción de distribución de riquezas, eso lo corrigen con una política pública. La transición democrática del año 2000, tuvo poca democratización sustantiva.

¿Qué hacer? Superar esta transición aún pendiente desde el año 2000 radicalizando el concepto de República. El Incanato es nuestro pasado, pero no podemos dejar de ser liberales y esa fuente se encuentra en la República. A través de la renovación de las dirigencias y los núcleo organizativos de su aparato burocrático, las demandas de la sociedad civil tendrán un cauce legítimo, por la representación. El valor cardinal de toda República democrática es la reivindicación política, social y económica del ciudadano.