Sociedad ultrajada

El Censo 2017, además de dejar insatisfacciones y aprobaciones a medias, nos ha dado la mejor evidencia de lo que somos: un país de espaldas a la realidad de nuestros problemas “normalizados”. Es ahora mismo donde el debate frente a los casos de violación sexual ha captado nuestra atención y nuestra indignación. Una vez más el contexto y lo impensado para el “común” de las personas ha hecho que retomemos la lucha frente a los problemas de violencia sexual.

Una mujer decidió participar como empadronadora en Villa El Salvador en el marco del Censo 2017. Una mujer que quiso ser parte de la acción y capacidad estatal en el encuentro de diálogo con sus ciudadanos. En el desarrollo de su jornada y en sus funciones, fue ultrajada por un sujeto, la sociedad y un Estado impresentable. Este último desde la intención de encubrimiento y no mediatización del hecho, el entorno social por no interpretar y concientizarse de la gravedad del asunto y el primero que nada de respeto a sus derechos humanos merece para ser juzgado.

La cuestión de los abusos sexuales en el país, no están en conocimiento directamente en el día a día de las personas. Nos acordamos de ellos por las luchas que emprenden los grupos feministas, el feminicidio, pero cotidianamente los problemas de violación sexual parecen estar alejados de los reflectores. Muchos casos de violación si quiera pueden conocerse por la carga social y psicológica que representa para la víctima. Esta última recibe doble perjuicio: la violación y luego la estigmatización por haberlo hecho público. La violación sería el crimen que mejor refleja la desigualdad entre hombres y mujeres. Una desigualdad odiosa e intolerante para una sociedad moderna y un país que dice buscar lo mejor para el Bicentenario en el 2021.

El problema social es que no existe una capacidad de conocimiento respecto a lo que consiste una violación. Hemos estigmatizado este delito a un determinado perfil psicológico y social de sus actores. Acompañado de este problemas, el machismo y la visión de los roles y desempeños dentro de la “normalidad” social. Ver a los violadores como “locos” hace que causemos daños colaterales a las personas que son en sí las que sufren de enfermedades mentales.

El problema de los delitos de violación sexual concierne una lucha en todas sus instancias y con la capacidad de todos los actores sociales. La seguridad jurídica no garantiza actualmente un marco normativo que brinde facilidades para las denuncias y seguimiento a las mismas en zonas periféricas, rurales y urbanas. Las oportunidades que brinda el Estado a las víctimas son asistencialistas y no dan visiones de autodeterminación de su vida a estas mujeres. La cotidianeidad machista debe ser desterrada con políticas públicas de educación psicológica de vínculo familiar en la educación nacional.

Nuestro país es un espacio donde la violación, a pesar de ser un problema social, está enraizada en la normalización y la aceptación de la propia sociedad. Muchos que terminan de leer estas líneas pensarán que no es normal para ellos, que no son parte de ese sector grueso de la sociedad en tal sentido, y si son entrevistados, negarán de todas las maneras que no es normal. Tenemos un perfil equívoco y sectorizado que creemos no tener en nuestro círculo social más cercano y pensamos conocer únicamente un tipo de violación. La normalización y la anomía, también son cómplices.