Nuestra capacidad de acción sobre la seguridad interna, sufre una crisis institucional que no solo se restringe al aspecto funcional de sus estructuras, sino a la manera en que estas últimas están pensadas. La situación actual de la inseguridad ciudadana, nos permite diagnosticar y proponer soluciones a la problemática del actor de acción estatal: la Policía Nacional del Perú.
El Estado construye procesos y contextos para tratar la inseguridad ciudadana de manera que hace limitante su accionar y especificación de roles. Para empezar, nuestra Policía Nacional carece de un trabajo especializado. La fuerza y capacidad de acción de nuestras fuerzas policiales decayeron cuando se unificaron en el primer gobierno de Alan García (Ley 24949).
Antes de la reorganización policial, estaban tres estamentos de especialización funcional: la Policía de Investigaciones (PIP- “Los raya”) una fuerza policial que se encargaba de la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. La Guardia Civil que ejercía una función de prevención, resguardo en las calles y el control del tránsito. La Guardia Republicana a cargo del resguardo de las instituciones públicas, las fronteras y los centros penitenciarios.
Este contexto nos invita a asumir una imperante responsabilidad que recae sobre la comunidad académica. Hace mucho que dejamos de estudiar a las fuerzas policiales. Dejamos que los diagnósticos y propuestas para mejora, sean parte de discursos electorales y de espalda a la problemática.
El tratado de la criminalidad hoy se ha ceñido a la exposición e interpretación de lo cuantitativo, muchas veces hacemos de criminólogos o “expertos en seguridad ciudadana”. El contexto actual nos invita a tratar de una manera más directa al problema. A convivir con el único actor posible: el Estado.
No se trata de mantener el orden público, porque este último está determinado por el orden social y sus desigualdades que para un mejor tratado de lo primero, el Estado debe sostenerlo y reproducirlo. Una herramienta para la pacificación sería la reducción de las brechas sociales, mediante el enrolamiento a las filas policiales de agentes que provengan de barrios similares a aquellos en donde van a trabajar. Establecer patrones que determinen una “cultura policial”, lo que permitiría conocer las prácticas que legitiman la acción policial y los límites ciudadanos a ella.
Por último y no menos importante, es momento de pensar en una especialización sectorial de nuestras fuerzas policiales. Honrar y considerar lo que en su momento fue la PIP, el trabajo preventivo con la Guardia Civil y un complemento sustitutivo de la Guardia Republicana, cedida a las Fuerzas Armadas.
18 Septiembre, 2025
