Indolencia adolescente

Como sacado de cuento de terror.  Una menor de edad es ultrajada salvajemente en Ayacucho por un grupo de sujetos mientras una adolescente filmaba todo el horrendo hecho.  La víctima nunca regresó a su casa, se fue a pernoctar donde una amiga, y al no aguantar más los dolores,  ingresa al hospital Regional de Ayacucho, donde fallece a las pocas horas por una infección generalizada.

Este acto monstruoso involucra a un grupo de 5 personas, entre ellas,  un adolescente de 17 años, que se turnaban para violarla, “ se nos pasó  la mano” declaró al ser capturado, sin rastro de arrepentimiento o de vergüenza.  ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo un joven, que solo debería tener en su mente proyectos, sueños, ganas de descubrir el mundo, termina siendo un ser vil y desalmado, capaz de ultrajar, hasta de matar?

En el Perú, de acuerdo a cifras dadas por el Poder Judicial en el 2015, hay 2, 931 menores internados en Centros de Rehabilitación Juvenil a nivel nacional, por la comisión de delitos como homicidio, hurto, robo, violación sexual.  Sin embargo, en el Perú, la comisión de delitos por parte de los adolescentes es denominada infracción, y como infractores conforme a la ley vigente Decreto Legislativo N° 1204, modificatoria del Código de los Niños y los Adolescentes, en su artículo 236, si el adolescente tiene entre 16 y 18 años y ha cometido los delitos detallados en la mencionada norma y enunciados en el Código Penal, como el de violación sexual, la sanción de internamiento será no menor de 6 ni mayor de 10 años.  Es decir, este adolescente si es hallado culpable de la violación de la menor ayacuchana, solo merecería hasta una pena de 10 años.

Hemos llegado a un punto en el que debemos preguntarnos, si estos jóvenes que violaron a esta menor de edad merecen que se les aplique la pena máxima que merecería un adulto en estos casos: cadena perpetua.  Hablamos de adolescentes acostumbrados a libar licor, a realizar fiestas y orgías, “a pepear y forzar chicas si decían que no” con plena conciencia de los actos que llevaban a cabo. ¿Acaso, el hecho de ser menor de edad reduce su culpabilidad en un hecho tan execrable como la violación?.

Los jóvenes se desenvuelven en una sociedad muy tolerante a la violencia, medios de comunicación informando noticias de muertes, difundiendo historias de difamación y agresión verbal, cosificación del cuerpo femenino, exposición de la vida íntima, todo como algo natural, sin respetar horarios ni contenidos .  Y si miramos la realidad de nuestros jóvenes en Ayacucho, una tierra asolada por más de 20 años por la violencia terrorista, que ha dejado secuelas en sus familias que además han tenido que afrontar el olvido del Estado. 

Con esto no pretendo justificar tan horrendo crimen, pero creo que ya es tiempo de atacar los factores y no solamente aplicar medidas de represión o endurecer las penas, pues el Estado,   en el caso de decidir endurecer las penas contra adolescentes infractores hay que considerar los criterios establecidos por la normativa internacional, porque nos guste o no, o así nos suene injusto,  el Perú ha suscrito tratados internacionales de Derechos Humanos avocados al debido proceso en caso de adolescentes, infractores por lo que las penas a aplicarse en estos casos, deben estar justificada en la proporcionalidad entre la conducta y la lesividad de la infracción respecto de los bienes jurídicos protegidos, así como el principio de mínima intervención.

Además, ya es momento de emprender una real reforma de los centros de rehabilitación juvenil, no olvidemos que el año pasado el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil, Maranguita se declaró en emergencia por el hacinamiento superando su capacidad de 400 personas.  En el caso de los jóvenes infractores de Ayacucho, ellos cumplen sus sentencias en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo, el mismo que recibe además internos de Cerro de Pasco y de Huancavelica.  Si la ley dispone un máximo de 10 años, en este tiempo debería lograrse la recuperación total de los adolescentes, incluso de los violadores, recibir un tratamiento psicológico/psiquiátrico permanente monitoreado y que cumpla con la finalidad de rehabilitación y educación.  Aunque con un Estado ausente en educación, salud mental  y nutrición, ese objetivo lo veo un poco lejano.