El sábado 13 de agosto será recordado por todos los peruanos como el día en que la ciudadanía despertó y alzó su voz rechazando la violencia contra la mujer, un país cansado de ver todos los días como miles de mujeres eran maltratadas, brutalmente asesinadas bajo la actitud indiferente de un Poder Judicial que en vez de impartir justicia sancionando ejemplarmente al agresor, lo dejaba en libertad y revictimizando a la víctima. Ni Una Menos fue un evento que reunió sociedad civil, políticos, instituciones públicas y privadas, cruzó la Lima Metropolitana y llegó a las provincias como Trujillo, Arequipa, Iquitos, Huancayo y otros, e incluso cubierto por cadenas internacionales de radio y televisión.
Pues bien, ya pasado este importante evento, qué es lo que queda por hacer? Definitivamente ha comenzado un camino que no tiene retroceso, donde tanto la sociedad como el Estado serán el binomio perfecto para echar andar la maquinaria para erradicar la impunidad del Sistema de Administración de Justicia, pues no solo se esperan adoptar los cambios necesarios a nivel normativo y procesal, sino también la observancia ciudadana del cumplimiento de los compromisos que las diferentes instancias del Estado han contraído.
El 26 de julio, Ollanta Humala antes de dejar el gobierno y en medio de los dos casos mediáticos que dieron origen a la marcha, emitió el Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021, el mismo que debe ir de la mano con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 , a fin de lograr políticas integrales e integradas que logre concertar esfuerzos de los diferentes ministerios involucrados y no le dejen la tarea solamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el mismo que debe llevar la batuta en la consecución de los objetivos.
En los próximos meses deben contar con un protocolo bianual que señale las pautas de como efectivizar dicho plan que tiene puntos muy interesantes como el de incorporar la perspectiva intercultural al en casos de violencia, considerando por primera vez a las mujeres indígenas y afrodescendientes, el enfoque de diversidad que toca por primera vez la realidad de las mujeres transexuales, la violencia política, valorando en su real dimensión a la violencia psicológica, las esterilizaciones forzadas consideradas como una grave violación de derechos humanos, la cual se agrava cuando es promovida o tolerada por el Estado, la violencia a través de tecnologías informáticas y comunicativas, así como considerar por primera vez la violencia económica, entre otros.
Si bien es cierto, este Plan tiene como objetivo reducir al mínimo el alto número de casos de feminicidios en el Perú, el punto de partida debe ser contar con estadísticas reales, actualizadas y descentralizadas que sea la base de la Interoperabilidad de las instituciones involucradas en la Administración de Justicia. Hoy en día contamos con bases de datos realizadas por la Policía Nacional de las denuncias ingresadas, las del Centro de Emergencia Mujer del MIMP que cuenta los casos ingresados , entre otras instituciones, pero que no incluyen enfoques necesarios como el de la discapacidad diferenciada, la situación laboral de las mujeres que sufren de violencia, así como no existe un monitoreo de los casos reportados o denunciados, por lo que no se cuenta con una estadística de cuantos casos de los denunciados tuvieron una sentencia efectiva y reparativa en favor de la víctima, lo cual es importante a fin de poder orientar las acciones a realizar en base a las cifras con incidencia más grave.
En el marco del Plan Nacional, tenemos la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como su reglamento la misma que comienza a preparar el escenario para el cambio de mentalidad, del “chip cultural” que parte de una necesaria capacitación en enfoque de género a los operadores de justicia. Aquí un importante soporte será la Academia y su intervención transversal y activa. La lucha recién empieza.