¿Luz para todos?

En medio de las elecciones generales, marcada por constantes ataques entre candidatos y colectivos que se manifiestan en las plazas, ha pasado desapercibido la paralización general de actividades en la región de Ucayali, la cual ha cobrado decenas de heridos y detenidos por los actos de protesta.

El gobierno central –recordemos que aún tenemos un presidente en funciones- ha propuesta el día 21 de marzo para establecer una mesa de diálogo, sin medir las consecuencias de esta postergación, la cual ha generado mayor rechazo y disturbios.

El motivo principal de reclamo de los manifestantes es el excesivo cobro en sus recibos de luz eléctrica. Expliquemos un poco esta problemática, para lo cual es necesario entender el concepto de “subsidio cruzado” el cual supone que un grupo de consumidores paga un precio mayor que el costo de provisión del servicio y el excedente es utilizado para financiar a otro grupo[1], y en este caso en particular, se utiliza el dinero de los consumidores en financiar proyectos como el gasoducto sur peruano, Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, Central Hidroeléctrica de Huanza, Central Hidroeléctrica de Santa Teresa, entre otros.

Ahora, la mayoría de proyectos en curso se enfocan en la generación de energía renovable, la cual tiene costos elevados, entre ellos: un período de retorno alto, esquema de incentivos escaso, además del costo social que implican las concesiones por parte de las comunidades. Para ello, es necesario entender que el sistema energético peruano se orienta en la búsqueda de afianzar la seguridad energética, entendida como el desarrollo de un sistema en el cual la provisión de energía es confiable y adecuada, además de tener un precio razonable[2].

Entonces, el Estado busca promover y financiar (mediante subsidio cruzado) los proyectos energéticos con la finalidad de asegurar la demanda de energía hasta el año 2040, sin tomar en consideración las externalidades negativas respecto a los consumidores actuales de energía, quienes deben asumir un costo no contratado. Además, no sólo se busca atender la demanda nacional, sino también exportar el excedente de energía a los países vecinos, por lo que el subsidio se extendería –indirectamente- a financiar exportación de empresas privadas.

La lógica del subsidio cruzado es la de herramienta social, la cual compensa los costos entre quienes consumen más energía de aquellos que consumen menos. Sin embargo, esto resulta irreal en este contexto, ya que se termina financiado proyectos energéticos.

La solución idónea sería implementar regímenes especiales para la generación renovable, la cual no ha sido incorporada al sistema de fijación de precios en electricidad, con ello, no se trasladaría el costo del financiamiento a los consumidores, o en todo caso, el costo sería menor.  

Esperemos que el gobierno central establezca estrecha relación con el frente de defensa promotor de la paralización de la región Ucayali, y la mesa de diálogo tenga resultados fructíferos, con lo cual cesarían los disturbios y llegaría la paz a una región olvidada por el Estado.