Perú: la agenda pendiente

A pocos días del mensaje presidencial por motivo de Fiestas Patrias, el mismo nos deja un sinsabor particular, ya que el Presidente Ollanta Humala tuvo en este –su último mensaje presidencial- la oportunidad para proclamar las reformas urgentes que el país necesita; sin embargo, dispuso su discurso a una retórica banal y llena de falacias.

En el presente artículo pretendemos esbozar una pequeña agenda de los temas urgentes que el gobierno de Humala no ha tomado en consideración:

1. Reforma del Sistema de Administración de Justicia.- El sistema de justicia en el país es lento, engorroso, y –en ocasiones- corrupto. El programa de modernización del sistema de administración de justicia (PMSAJ) a cargo del Comité Interinstitucional del Programa (CIP) recibió en el 2012 del gobierno central la suma de 36 millones de dólares para implementar la primera etapa del PMSAJ, el mismo que ha sido destinado a implementar obras de infraestructura (cabe resaltar que no se ha presentado obras concluidas, ni convocatoria de licitaciones desde el 2013), pero, esto no resulta suficiente. Consideramos que la implementación del gobierno electrónico (e-government) como reforma era más urgente que las obras de infraestructura, dado que el impacto sería mayor. Asimismo, dotar de las herramientas necesarias a la justicia comunal, y presentar una Ley de Coordinación de Justicia Comunal, para que el Poder Judicial pueda coordinar y delimitar las competencias con la Justicia Comunal, quien –muchas veces- tiende a sobrepasar sus facultades.
2. Seguridad Ciudadana.- Para combatir la inseguridad ciudadana es necesario aceptarlo como problema, y no pretender que es una “percepción”. Para ello, la solución no pasa, solamente, por aumentar las penas, ni la presencia de policías, sino –también- involucrar al sector privado (empresas de seguridad privada, grandes empresas, etc.) y elaborar un mapa criminológico a nivel nacional, en el que se destaque las zonas con mayor incidencia de delito, para poder elaborar una estrategia transversal con los diversos sectores involucrados (interior, economía, educación, salud, etc.). El criminal o potencial criminal no es ajeno a un razonamiento mínimo, es decir, antes de cometer el acto delictivo elabora un análisis costo-beneficio, y en esta ecuación siempre suele incluir factores como el alto nivel de desempleo, el menor esfuerzo al realizar un acto delictivo, las pocas probabilidades que lo capturen, y las penas mínimas por el acto, entonces, resulta “rentable” proseguir con el acto delictivo, y ante esto, el Estado debería tratar de incrementar los “costos” para que el delincuente no tenga opción a cometer algún acto delictivo, dado que las consecuencias o “costos” sobrepasarían al beneficio que pudiera esperar de ello.
3. Minería y Conflictos Sociales.- La Defensoría del Pueblo a Junio de 2015 ha identificado 155 conflictos sociales activos, lo que resulta preocupante, ya que 116 de ellos son por temas socio ambientales.No existe planificación en lo que respecta a prevención de conflictos sociales, ya que muchos de ellos son anunciados desde hace bastante tiempo, adicional a ello, es necesario establecer algunas directrices para distinguir reclamos justos de aquellos azuzadores que pretenden frenar la inversión y que buscan sacar provecho de las paralizaciones (terrorismo anti inversión). La problemática de los conflictos sociales debe ser manejada con una adecuada gestión de riesgo, es decir, identificar la problemática, evaluar la contingencia y cuantificarla (en pérdidas monetarias, así como costo social) y priorizar aquellos que resultaría más eficiente gestionar con un bajo costo por parte del Estado, y no ceder a presiones mediáticas. No todo conflicto social debe ser gestionado de la misma manera, sino distinguirlos por grado de contingencia y cuantificación del daño.
4. Fortalecimiento del Sistema de Partidos Políticos.- El núcleo del sistema político de todo país está en sus partidos o agrupaciones políticas, los que se han visto debilitado y casi extintos a raíz de la dictadura de Fujimori, quien se encargó de destruir el sistema de partidos políticos, recordemos aquella frase: “partido político tradicional” o “políticos que viven del pueblo”, entre otros.

El gobierno de Humala dejó de lado este tema que es bastante urgente, ya que los partidos políticos deberían representar a la población y no a sus intereses, como sucede con las agrupaciones regionales, que tienen fecha de caducidad, y que no construyen un programa político que se pueda sostener en el tiempo, como sí lo hacen otros partidos como el APRA, PPC, y AP. Entre las reformas urgentes está el subir la “valla electoral”, eliminar el voto preferencial, para que los partidos puedan elegir a sus candidatos a congresistas y no se “compren” los números en las elecciones generales, y por último la participación activa de la ONPE y el JNE en las internas de los partidos políticos de alcance nacional, para que se garantice la transparencia.

La agenda –como sabemos- es mucho más amplia, sin embargo, hemos pretendido esbozar algunos puntos pendientes y urgentes que el gobierno de turno no ha tomado en consideración o lo ha pasado por alto en su aspecto más esencial. Esperemos que en las próximas elecciones generales se planteen propuestas que aborden estos temas.