“Así siempre se ha hecho”, dicen

“Así siempre se ha hecho” es la frase preferida de ciertos funcionarios para justificar decisiones públicas reprochables. Esta frase muy repetida en los últimos tiempos se está consolidando a la par del cada vez más popular eslogan electoral “roba pero hace obra”; ambas están acuñando las dos caras de una misma moneda.  Es decir, mientras ‘el Perú avanza’ los valores y principios en el ejercicio de la función pública se han ido desvaneciendo a tal grado que hemos llegado a ser administrados por un gran conjunto de servidores públicos mediocres e inescrupulosos.  

En este proceso de degradación y desinstitucionalización hay un factor constante que es conocido por todos. Cada jefe que llega al poder (por el voto popular) concibe su institución como una parcela de su propiedad. Su mediocridad y falta de ética –y falta de preparación o inexperiencia o incapacidad o servilismo– lo llevan a hacer ‘transformaciones’ peculiares: convierten a sus amigos en ‘servidores públicos’, para ello desplazan a los funcionarios de carrera; si no les alcanzan las plazas para seguir ubicando a los amigos crean nuevas plazas. Luego, casi terminando su gestión y según el ‘buen servicio brindado’, les suben los sueldos injustificadamente, cambian la modalidad de sus contratos y los dejan bien ubicados en la administración pública. 

La debilidad de las instituciones hace que estos jefes con poder político encuentren en los propios servidores de carrera a sus cómplices que, con su silencio o con su firma, se prestan a avalar atropellos e irregularidades. Unos por vanidad, pues no están dispuestos a perder el alto cargo que ya ostentan, otros por inescrupulosos y otros por ser muy propensos a asentir ante toda solicitud del jefe, los famosos chí cheñó que abundan en la administración pública. Esta es una realidad que propicia las prácticas abusivas y corruptas en el manejo del Estado. 

En la función pública, por definición obvia, no hay actos secretos, salvo las excepciones que todos conocemos. Por lo tanto, si los jefes no tienen nada que ocultar y todas sus acciones han sido transparentes e imparciales, y ejecutadas dentro de los marcos legales, constitucionales y de la ética, no tendrán ningún inconveniente en que se publiquen los nombres de los nuevos empleados de la institución, sus nuevos sueldos, sus nuevos puestos. Si están satisfechos con su desempeño, entonces tampoco tendrán reparos en que se detallen sus funciones y se publiquen sus hojas de vida y aportes a la institución. 

Las instituciones son la base del desarrollo de los países, a más institucionalización más desarrollo, a instituciones más solidas mayor predictibilidad y confianza en la administración pública –y, por supuesto,  menor corrupción. 

Las acciones para revertir el deterioro institucional recaen en aquellos funcionarios que no están dispuestos a respaldar los excesos. Son ellos los llamados a señalar y revelar los actos impropios de los jefes de turno y sus cómplices. Ellos deben tomar conciencia que la solución está en sus manos. Si siguen callando los abusos que se cometen están perdiendo su razón de ser que es contribuir con el buen funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones del país.  

Sí es posible tener funcionarios imparciales, objetivos, innovadores y eficaces. No tenemos por qué conformarnos con servidores públicos (elegidos o no) que justifican su falta de previsión con la funesta frase “así siempre se ha hecho”, frase típica de una administración pública ineficiente.