Antes pedía despenalizar. Temas de prensa
Asesora demandas contra Claudia Toro y EXPRESO. Periodista los acusa de “terrorismo de imagen”.
A pesar de que se autoproclama como defensora de las libertades constitucionales, en los últimos tiempos, la ONG Instituto de Defensa Legal se ha enfrascado en patrocinar denuncias penales contra EXPRESO y otros medios de comunicación incómodos al Gobierno.
Ahora se ha sumado a una querella de Samuel Dyer contra Claudia Toro y Fernán Altuve, debido a un reportaje de junio pasado, propalado en el programa “Beto a saber”.
Primera instancia
“El hecho denunciado manifiestamente no constituye delito de difamación agravada, dejándose anotado que los hechos postulados y los medios acopiados al presente recurso bajo contexto pueden generar sospecha de ninguna naturaleza de que se ha cometido delito ni ha lugar a un juicio oral”, había dicho el juez en primera instancia.
Esto se había dado sin que Toro o Altuve supieran siquiera que estaban demandados. Sin embargo, la ONG en la cual labora Carlos Rivera presentó una apelación que está en espera.
Quieren desacreditar
“Eso se llama terrorismo de imagen, para tener un elemento y ensuciarte, dañar tu imagen”, recordó la periodista, en el sentido de que medios de comunicación afines a IDL lo ponían en grandes titulares.
La demanda se había planteado a pesar de que se le había dado tiempo a Dyer para exponer sus argumentos, e incluso para leer su carta notarial.
“¿Qué interés puede tener una organización supuestamente sin fines de lucro, que defiende a gente que no puede costear un proceso? Defiende la libertad de prensa de la información que le conviene sacar, pero cuando son periodistas que sacan cosas del gobierno más corrupto, estos señores buscan a alguien para denunciarnos”, indicó Altuve.
Cabe indicar que el abogado que representa al empresario es Carlos Rivera, cuestionado por el mismo IDL, ya que patrocinaba a un acusado de violación sexual a una niña, de la cual pretendía anular su testimonio acusador.
“Les duele que soy una periodista independiente, pero Odebrecht a ellos sí les pagaron, les rellenaron de dinero cuando corrompían. Quieren que nos metan presos, pero tenemos a la verdad de nuestra parte”, acotó Toro.
Rivera también patrocina a Paola Ugaz, extrabajadora de la Municipalidad de Lima, en una demanda a EXPRESO. Se cuestiona una supuesta difamación por haber publicado información que la vincula en el lavado de activos de Susana Villarán cuando era alcaldesa capitalina.
En este punto, cabe indicar que en varias entregas se les llamó telefónicamente a ambos personajes, para que desmientan o dieran sus descargos, según el caso. La periodista no quiso declarar, mientras el abogado incluso tuvo palabras poco amables con el reportero que lo contactó.
Actualmente, Ugaz es investigada por el equipo Lava Jato, ya que ocupaba un cargo que no era de su especialidad, y algunas personas le imputan haber recibido dinero ilegal, en forma parecida a la de Villarán.
Odebrecht
La exburgomaestre fue fundadora de IDL, y hace más de tres años confesó su complicidad con Odebrecht, empresa a la cual le había dado un contrato multimillonario para cobrar peajes.
Entre 2015 y 2019, IDL impulsó una campaña para despenalizar “delitos de prensa”, pero ahora pide esto para quienes criticaban a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Susana Villarán
“Hay un ajuste de cuentas de parte del señor Rivera Paz, que fue abogado de Susana Villarán cuando era alcaldesa. Se enfrentaba a los regidores que nos oponíamos a ella, que recibió millones de dólares de Odebrecht”, sostuvo Altuve.
Cuando IDL informó de hallazgos de dinero en la banca de Andorra relacionados al caso Lava Jato, en un principio omitió mencionar a un exfuncionario villaranista.
Gorriti también
Jenny Zúñiga ganó una querella que le había presentado Gustavo Gorriti, por supuesta difamación cuando criticaba su forma de publicar noticias, y donde le pedían 300 mil soles.
“En atención a la dimensión pública e institucional que caracteriza a estas últimas y que excede el ámbito personal”, es un argumento de la jueza Soledad Santisteban, en el sentido de que no se puede acusar a alguien por “elementos puramente subjetivos”.
(Fuente diario EXPRESO)
