Juez dispone comparecencia con restricciones mientras se esclarece situación de exalcaldesa de Lima.
Un juez de investigación preparatoria dispuso que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, esté sometida a restricciones mientras la justicia esclarece los cargos que pesan en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria de su gestión en el 2013.
Villarán ya tenía impedimento de salida del país, pero ahora también deberá de firmar mensualmente un cuaderno de asistencia y no podrá ausentarse de su lugar de residencia sin obtener un permiso de la autoridad judicial.
En la audiencia realizada en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria la representante del Ministerio Público sustentó los cargos que existen contra Susana Villarán; José Castro Gutiérrez, exgerente municipal; Daniela Maguiña Ugarte, cuñada de Castro; María Julia Méndez Vega, tesorera de la campaña por el ‘No’ en la revocatoria; y Domingo Arzubalde Olarrieta, ex funcionario municipal.
RAZONES
La Fiscalía argumentó que Susana Villarán no ha acreditado un domicilio cierto porque la dirección que figura en sus documentos fue allanada y no se encontró efectos personales de ella sino de un familiar. Por el contrario, se verificó que residía eventualmente en un inmueble ubicado al sur de Lima, en Lurín, de propiedad de sus familiares.
Igualmente se reseñó su movimiento migratorio en los últimos años y se contrastó con las graves imputaciones hechas por el exfuncionario de la empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata, quien ha declarado oficialmente que Villarán de la Puente y José Castro le pidieron dinero para financiar la campaña contra la revocatoria de su gestión edilicia.
Puntualmente, la fiscalía sostiene que Villarán y Castro pidieron tres millones de dólares a Odebrecht y US$ 1 millón a OAS. El dinero habría sido canalizado a través del publicista Luis Favre y Valdemir Garreta ligado a OAS.
LA DEFENSA
El abogado de Villarán, Yván Paredes, argumentó que el impedimento de salida del país es una medida suficiente para garantizar que su defendida seguirá colaborando con la justicia. “Ella sí tiene un domicilio conocido, trabaja en Villa El Salvador y se moviliza en transporte público para ir a la casa de sus hermanos en Lurín”, aseguró el letrado.
Arguyó que los pocos viajes que constan en el registro migratorio de Villarán fueron realizados en su condición de alcaldesa de Lima o como invitada a diversos foros sobre temas relacionados con la mujer y, además, enfatizó que las condiciones económicas actuales de la Villarán no permiten que ella fácilmente pueda movilizarse al extranjero.
Los demás inculpados, que tampoco asistieron a la audiencia, también objetaron a través de sus abogados defensores los montos de la caución fijados por el Ministerio Público: 100 mil soles para Villarán y Castro; 80 mil soles para Arzubalde y Méndez Vega; y 60 mil soles para Maguiña Ugarte. En todos los casos afirmaron que las cifras eran exageradas. Finalmente, la caución fue dejada sin efecto por el juez.
RÉPLICA
La fiscalía insistió en su pedido y reiteró que los cargos que pesan sobre Villarán y otras personas son graves: cohecho pasivo propio, negociación incompatible y lavado de activos. Si son declarados culpables, los imputados podrían ser condenados hasta 15 años de prisión.
Se hizo mención que hace solo unos días el publicista argentino-brasileño Luis Favre declaró al fiscal peruano Hamilton Castro que, efectivamente, Odebrecht aportó dinero a la campaña por el ‘No’ en la consulta por la revocatoria y, más aún, él se reunió personalmente con Susana Villarán para evaluar algunos aspectos de la campaña publicitaria.
En el caso de Castro Gutiérrez, la fiscal recordó que existen múltiples testimonios en el expediente judicial sobre la forma en que este funcionario agilizó los trámites para la firma del contrato denominado Rutas de Lima que favoreció a las empresas brasileñas.
Finalmente, el consultor brasileño Valdemir Garreta declaró que, tras reunirse en tres oportunidades con Susana Villarán, llegaron al acuerdo de entregar, en efectivo, un monto de 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS para apuntalar la campaña por el No a la revocatoria de marzo del 2013.
Añadió que en las reuniones participaron José Miguel Castro, ex gerente municipal, y Luis Favre.
1,400 millones de soles
Rutas de Lima (Odebrecht) habría cobrado desde 2013 a febrero de 2018, ingresos por peaje del orden de 700 millones de soles. Y las ganancias de OAS en cinco años, según Juan Mendoza, bordean los 1,400 millones de soles.
Repartija de peajes
Rutas de Lima (Odebrecht) administra los peajes de Panamericana Norte y Sur y recauda los peajes desde febrero de 2013. Lamsac (OAS) administra la Vía de Evitamiento desde octubre del mismo año. Esta última vía es la más rentable porque recauda más de S/ 250 millones al año.
(Fuente www.expreso.com.pe)