Fernando Rodríguez Patrón
Ante cientos de denuncias de ciudadanos que afirman ser víctimas de afiliaciones indebidas, el Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado un procedimiento de fiscalización posterior de los expedientes de organizaciones políticas inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas durante los últimos dos años. Esta fiscalización, según la norma interna aprobada por el propio organismo electoral, tiene como propósito anular inscripciones fraudulentas y debe realizarse dos veces al año, en enero y julio. Por ello, algunos partidos políticos ya se encuentran en proceso de fiscalización.
Dentro de esta coyuntura, me permito formular algunos comentarios.
En primer lugar, respecto al número de partidos a fiscalizar, me parece que la norma aprobada por el organismo electoral genera dudas, ya que señala que la fiscalización comprenderá a no menos del 10% del total de expedientes concluidos en el período a fiscalizar. Esta cantidad puede incrementarse, considerando el impacto que en el interés general pueda tener la ocurrencia de posibles fraudes o falsedades en la información y documentación presentada por los partidos políticos. Esto plantea una primera duda que debería ser aclarada por el propio organismo electoral: ¿Quién, cómo y bajo qué criterio “elige” a los partidos que serán fiscalizados? Y lo más importante, ¿Qué partidos ya están siendo fiscalizados?
En segundo lugar, es importante tener en cuenta la oportunidad en que se realiza esta fiscalización, especialmente considerando que las elecciones generales del próximo año ya están convocadas. Esto puede resultar inoportuno para algunos partidos que, aunque no estén involucrados en estos procesos fiscalizadores, podrían verse afectados en la formación de posibles alianzas electorales.
En tercer lugar, parece que se está aplicando un procedimiento interno que, hasta donde se sabe, aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, solo la norma que lo aprobó, por lo tanto, su validez en principio resulta cuestionable. Además, el organismo electoral ha anunciado en medios que ya ha comenzado con la fiscalización, pero, por decirlo gráficamente, lo está haciendo en secreto, sin que los partidos sepan que están siendo fiscalizados y sin la posibilidad de éstos de contradecir lo que los peritos contratados por el organismo puedan dictaminar.
En cuarto lugar, y quizás lo más relevante, es que el Jurado Nacional de Elecciones estará fiscalizando las firmas que en su momento fueron declaradas válidas por el RENIEC. Recordemos que, durante el proceso de inscripción, los partidos políticos presentan fichas de afiliación, las cuales, tras su revisión, algunas son declaradas válidas y otras inválidas, y las organizaciones políticas se inscriben con firmas válidas, por lo que, en esencia, lo que hace el Jurado es cuestionar las labores del RENIEC, verificando si este organismo cumplió correctamente con su función de revisar las firmas. Además, resulta sintomático que el Jurado se arrogue la posibilidad de enmendarle la plana al RENIEC, concluyendo que las firmas que esta entidad calificó como válidas en su momento en realidad no lo eran, es decir, que dieron por buenas firmas indebidas. La pregunta que surge entonces es: ¿Cuál será la reacción del RENIEC si el Jurado le enmienda la plana?
Desde nuestra opinión, sería conveniente que se realice una revisión de firmas en sede judicial y no en vía administrativa. Y, si se acredita que se dieron por buenas firmas falsas, se debería declarar la ilegalidad por conducta antidemocrática del partido, y, en caso haya obtenido representación parlamentaria, se le suspenda el financiamiento público que recibiría y devuelva lo ya recibido hasta ese momento, además, debería aprobarse una modificación constitucional que permita el reemplazo de las curules obtenidas.
El debate está abierto,
