La corrupción avanza, es incontenible.

Por Roberto Rendón Vásquez

Es histórica. Judas vendió al Maestro por 30 monedas. Las referencias en el Perú se han “perdido” en el tiempo. Las actuales generaciones están estupefactas por las informaciones periodísticas de escandalosos actos corruptos ocurridos en las más esferas gubernamentales que envuelve a autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público y otras entidades. Desde que explotó en nuestro país el escándalo de corrupción protagonizado por la brasileña Odebrecht, están  involucrados presidentes , ministros, funcionarios y empresarios. Hay información periodística que en otras entidades públicas (ministerios, gobernaciones locales, municipios) sus funcionarios son investigados en el Ministerio Público y/o procesados judicialmente.

El artículo 99° de la Constitución establece que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso …. Por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones …”. Se supone que congresista es ser honesto, intachable e íntegro a “carta cabal”. Sin embargo – para no citar otros casos publicados – vamos a referir sólo al de cinco congresistas a quienes les imputan el presunto delito de concusión acusados de “recortar” las remuneraciones de personal de sus despachos”.

El Poder Judicial constitucionalmente (Artículos 138° y 139°) administra justicia con exclusividad, unidad e independencia. Deberíamos tener fe en sus magistrados. No obstante, se informa públicamente que se ha sancionado con destitución a jueces que han incurrido en actos ilegales. Resulta inocultable el caso de los “Cuellos Blancos del Callao” que involucra a juez supremo, superiores y otros. Por informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) (03/05/2020) se encontró que 334 jueces y fiscales están vinculados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional. Entre ellos, 42 tienen sentencias por delitos contra la administración pública. También hay fiscales.

Candidatos a la Presidencia, congreso, gobiernos regionales, municipios y aspirantes a ser magistrados, pregonan que los elijan, entre otros, para combatir la corrupción. En los últimos lustros los “electos” – algunos por ser el “mal menor” – están investigados en el Ministerio Público y/ procesados penalmente por corrupción ligados a corruptores de la actividad privada. Ello evidencia que los corruptores se “ligan a probables” futuras autoridades desde que aspiran a cargos públicos; consideran que “son inversiones económicas” para obtener beneficios y riqueza ilegitima. Son las dos caras de la misma “carta”. No hay corrupto sin corruptor”. Los de “cargos públicos” aspiran a enriquecerse mediante el soborno.

¡Corruptos y corruptores se enriquecen con dinero del pueblo!