El Padrino en Palacio

“No digas que eres inocente Carlo,

porque es un insulto a mi inteligencia,

y eso no me divierte” 

Michael Corleone.

“El Padrino”, de Mario Puzo

¿Qué tipo de persona o político tiene el Perú en Palacio de Gobierno en estos momentos?

Literalmente el Perú tiene de Presidente un gánster. Wikipedia define un gánster como “Persona perteneciente a una banda organizada de delincuentes que se dedica a negocios clandestinos y actividades criminales….”.

La afirmación puede parecer fuerte pero cada uno de los hechos que el peruano promedio se está enterando estos días por los medios de comunicación apuntan de manera consistente en esa dirección. Todo indica que el Sr. Vizcarra ya cometía delitos antes de llegar a la Presidencia de la República, y parece también que para cometer estos delitos dirigía –desde la Presidencia del Gobierno Regional de Moquegua- una organización de personas a su mando para que, desde puestos claves en diversos tipos de Gerencias, se chantajee a empresas constructoras para, a cambio de coimas, se les garanticen los respectivos contratos.

Igual que una película de Coppola o Tarantino, la historia está llena de mensajeros con solicitudes-amenazas para exigir el pago de las coimas, whatsapps coordinando los fraudes, entregas de dinero en fajos de billetes en efectivo en maletines o bolsas, etc.

Es importante señalar que ese mismo grupo de personas son las que el Sr. Vizcarra llevó al Ejecutivo para que ocupen cargos que van desde secretarias personas hasta Ministros de Estado.

Vamos hacer una comparación muy sencilla: al lado del Sr. Vizcarra, Toledo es un “pájaro frutero”.

Entonces ¿significó algo su plataforma política de “lucha anticorrupción” y en verdad a qué intereses sirve?

La plataforma política que enarboló Vizcarra desde que asumió la Presidencia fueron la mentada “lucha anticorrupción”, la “reforma del sistema político del país”.

Esa “plataforma política” obedece en verdad a los intereses de la coalición de la corrupción que junta al “Club de la Construcción” de empresas peruanas manejadas por los intereses de Odebrecht por un lado; y por el otro lado, el lobby mercantilista de la red de ONGs “progresistas” y de medios de comunicación masivos, que viven básicamente de ingentes contratos con el Estado.

El objetivo real es que la nueva oligarquía de la construcción siga saqueando los recursos del Estado, estén protegidos de toda investigación, y prevenir por todos los medios que se conformen organizaciones políticas realmente existentes y autónomas de esos intereses, que pudieran poner en riesgo los beneficios que actualmente recibe la coalición de la corrupción.

Ante las nuevas evidencias, ¿el Congreso debe vacar al Sr. Vizcarra?

Desde mucho antes que se difundieran por los principales medios de comunicación la larga lista de testigos que declaran haber coimeado al Sr. Vizcarra cuando era Presidente del Gobierno regional de Moquegua, ya se disponía de suficiente información y pruebas para que sea vacado por incapacidad moral. Los escabrosos hechos del estrafalario Sr. Swing no fueron los únicos. Quizás la mayor virtud de ese escándalo mediático fue que la opinión pública pudo conocer el real perfil personal y moral del Sr, Vizcarra.

Sin embargo, a pesar de tanta evidencia, el actual Congreso de la República -uno de los peores de nuestra historia Republicana y producto de un golpe de Estado- no lo vacó.

En esta ocasión, la evidencia acumulativa es muy grande, es muy claro que un delincuente no puede seguir un minuto más como jefe de Estado. El Congreso de la República debe vacarlo. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática es la única forma de comenzar a resolver la penosa crisis política en la que la corrupción ha sumido al país. Debe cumplirse lo que la Constitución manda.

Y seguir el camino de la Constitución ¿pone en riesgo la continuidad democrática?

En absoluto. Significa todo lo contrario: el vacar al Sr. Vizcarra y ponerlo de inmediato en manos de la justicia debe ser un paso más en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

Eso significa que el nuevo Gobierno no debe por ningún motivo ni pretexto postergar el cronograma electoral, y también debe tomar las medidas necesarias que asegure al país unas elecciones transparentes y limpias.

El Congreso y el nuevo Ejecutivo no tienen otro camino, sino, seguirán inevitablemente el mismo camino del Sr. Vizcarra: terminarán en manos de la justicia.