Punto de Encuentro

El rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana

22 Octubre, 2015

Francois Novaro

Han continuado la lluvia de críticas y “fundamentaciones técnicas” en contra del mensaje del Dr. Alan García Pérez, que manifiesta que deben utilizarse a las fuerzas armadas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Algunos mencionan que la propuesta es demagógica y tiene el único propósito de ganar votos. Dicen que es demagogia porque la Constitución lo prohíbe. Sobre el particular, comentamos algunos aspectos sobre lo que estipula nuestra Carta Magna al respecto.

El Capitulo XII de nuestra Constitución sienta las bases legislativas sobre LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL. Un solo capitulo para estos dos temas vitales. Establece claramente, en su Artículo 163°, que el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional y que la Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos, interno y externo, y toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.  Luego se establece que la dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones se determina por la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional (SDN). La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional. Hasta aquí tenemos que el Presidente de la República, con su liderazgo y poder de acción, debería tener la certera dirección de este SDN, que está en peligro inminente por la inseguridad ciudadana que alcanza niveles alarmantes y avanza.

Cabe destacarse que toda la acción del SDN se circunscribe a la ley. Por ende, a través de modificaciones legislativas, sin afectar la constitución, puede integrarse un sistema eficaz: FFAA y PNP.  

Ahora veamos que dice la Constitución sobre la Finalidad de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

El Artículo 165° establece que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial (no dice única ni exclusiva) garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137° de la Constitución. Aquí me detengo un momento para comentar que el Art. 137° (Estado de Excepción) establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción como el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno. Esto ya se ha hecho, es pertinente seguirlo haciendo, pero solo en casos excepcionales y no es la medida que soluciona el problema.

Ahora bien, sobre la finalidad de la Policía Nacional, la Constitución establece, en su Artículo 166°, que fundamentalmente es la de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

No vemos hasta aquí limitación alguna para que con el soporte legislativo, dígase: Ley del Congreso o Decreto Legislativo, se pueda plasmar una fórmula positiva que permita el trabajo integrado e inteligente de la PNP con apoyo de las FFAA. No me refiero a una subordinación inmediata del militar frente al policía. No. Considero que si es atendible, y gran parte de la población también lo considera, un trabajo que coordine las capacidades de la PNP con las de las FFAA. Y no solo me refiero a la capacidad instalada logística, sino a las capacidades humanas y profesionales. Finalmente el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Artículo 167) es el Presidente de la República. Él, con su liderazgo, debería dirigir esta lucha con todas las fuerzas de la República (AGP).

Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.

Además las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

La Constitución, en este único capítulo, establece que los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes.

También (el Artículo 175) establece que sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra.

Todo esto es solo una reproducción de lo que dice la Constitución Política del Perú vigente. Repito, no veo cual es la limitación flagrante de la carta fundamental.

Sin embargo, cabe acotar que, en el peor de los casos, de considerarse necesaria una reforma constitucional, no es la primera, ni será la última vez que ocurre. Al tratarse de un tema tan álgido de interés nacional no debería causar alarma y debería tener un apoyo consensuado.  La ley N° 30305 es una ley promulgada en marzo de este año que modifica los Arts. 191°, 194° y 203° de la Constitución sobre la no reelección inmediata y cambio de denominación de los gobiernos regionales. Esto como ejemplo.

 

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