El Congreso de la República aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley 7278 para derogar la primera disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 1607, con lo cual se desautoriza a la Policía Nacional del Perú a prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras, exponiendo a los peruanos a sufrir las consecuencias de actividades criminales, especialmente, en zonas donde la minería ilegal y la informalidad predominan como actividades ilícitas. Dicha iniciativa también alienta las invasiones y atenta contra la seguridad jurídica al eliminar el plazo perentorio de 90 días para que los informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han invadido.
La Sociedad Nacional de Industrias manifiesta su desacuerdo con esta derogatoria, ya que alienta la informalidad e ilegalidad minera, causantes de otras actividades criminales. Además, se pone en riesgo la seguridad de los peruanos, y se generan cuantiosas pérdidas de recursos para el Estado.
Cabe tomar en cuenta también que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en una herramienta que no permite formalizar a la pequeña minería sino que, más bien, oculta la ilegalidad de quienes están al margen de la ley dándoles la exención de responsabilidad.
Ante lo expuesto, la Sociedad Nacional de Industrias invoca a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a corregir el citado proyecto de ley, y a adoptar de manera conjunta una política que erradique la minería ilegal, en beneficio de la generación de empleo digno y la obtención de mayores recursos orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
En ese sentido, proponemos una política que incorpore a los pequeños mineros a la formalidad, los aliente con créditos, asistencia técnica, equipos adecuados y facilite la comercialización de sus productos mineros para que no caigan en manos del crimen organizado.
Medidas como la derogatoria de la primera disposición transitoria del Decreto Legislativo No. 1607 no constituyen ninguna salida para resolver este grave problema y lograr la formalización de la minería ilegal, por el contrario, estas prácticas agravan seriamente la seguridad de todos los agentes productivos que participan de uno de los sectores clave en nuestra economía.