Por Antero Flores-Araoz
La más alta autoridad del Sector Economía y Finanzas, recientemente en declaraciones a la prensa, ha manifestado que para el presente año se prevé fortalecer las medidas gubernamentales destinadas a la reducción del déficit fiscal, mediante un adecuado control del gasto y una mejora sustancial en la recaudación tributaria.
Si bien es cierto que permanentemente hay que tratar de mejorar la recaudación fiscal, léase “tributación”, no es menos cierto que no se necesitaría mayor eficiencia en la reducción del déficit fiscal, si el Presupuesto General de la República para el año 2025 hubiese cumplido con dos reglas constitucionales básicas en tal materia, como es que el Presupuesto “debe estar efectivamente equilibrado” (artículo 78) y que “los representantes al Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos” (artículo 79)
La Constitución con meridiana claridad señala que el equilibrio presupuestal debe ser efectivo, esto es que no se trata de un equilibrio nominal en que se estiman mayores ingresos de lo que el buen manejo fiscal determina, para equilibrar falsamente mayores gastos, que es lo que aparentemente ha sucedido.
Como también hemos dicho en anteriores oportunidades, entre bambalinas en la Comisión de Presupuesto, al dictaminarse el proyecto presentado por el Ejecutivo, los parlamentarios se dan maña para aumentar gastos, generalmente con la complacencia del Ejecutivo que no desea roces ni desavenencias con el Poder Legislativo, pero los resultados son caóticos y más cuando en un año pre electoral muy probablemente las inversiones privadas no aumentarán, debido a que el ruido político las espanta, sobre todo a las importantes foráneas. No olvidemos, como dijera antaño un buen observador, que el órgano más cobarde del empresariado es la “billetera”,
Adicionalmente a lo expuesto y ello de responsabilidad compartida entre el Legislativo que aprueba y el Ejecutivo que promulga, son las leyes aparentemente retóricas, pero que si se ejecutan generan egresos, pese a que como hemos advertido los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Como ejemplo las ya famosas leyes de creación de universidades por doquier, absolutamente inviables, pero que el Poder Ejecutivo las promulga con la finalidad de no incordiarse con el Parlamento ni con las poblaciones que serían supuestamente beneficiadas con tales universidades. Esto es solo un ejemplo, pues se podría hacer no solo una columna de opinión, sino todo un diario con las aberraciones normativas a que nos referimos.
Francamente considerar que luego de aprobado el Presupuesto General de la República del presente año, con abultados egresos y con ingresos sobreestimados, se vaya a lograr que las reparticiones públicas sean capaces de implantar normas de austeridad, cuando en verdad son voraces en el gasto, no solamente en adquisición de bienes, sino también en contratación de servicios como son las asesorías por doquier y encima la contratación de personal bajo diversas modalidades laborales, mofándose de las disposiciones de SERVIR.
Como vemos el panorama presupuestal no es nada halagüeño y mucho dependerá del celo, energía y mano dura del Ministerio de Economía y Finanzas para revertir la situación.