La inseguridad ciudadana es una de las mayores amenazas que enfrenta América Latina, impactando directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos. En Perú, el incremento de la criminalidad ha generado una creciente sensación de desprotección y desconfianza en las autoridades. Ante esta situación, muchos peruanos han volteado la mirada hacia las políticas de seguridad aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador, preguntándose si un enfoque similar podría ser la clave para combatir la crisis de inseguridad en el país.
Los resultados en El Salvador son evidentes: una drástica reducción de homicidios y un control más efectivo sobre las pandillas que, durante años, dominaron vastos territorios del país centroamericano. Estas acciones, bajo el llamado "Plan Control Territorial", se basaron en tres pilares clave: militarización de las zonas más afectadas, implementación de un estado de excepción y construcción de mega-cárceles para aislar a los delincuentes más peligrosos. En cuestión de pocos años, este enfoque ha transformado el panorama de seguridad en El Salvador.
Perú, que también enfrenta altos índices de criminalidad en ciudades como Lima y Callao, podría beneficiarse de una estrategia similar. La militarización de las zonas más peligrosas permitiría retomar el control de áreas dominadas por bandas criminales. Al reforzar la presencia militar en estas zonas críticas, como ya se hizo en El Salvador, sería posible neutralizar el poder de las organizaciones delictivas que operan impunemente.
Uno de los aspectos más controversiales del modelo Bukele es el uso del estado de excepción, una medida que permitió la realización de arrestos masivos sin las limitaciones habituales del sistema judicial. En el contexto peruano, donde la lentitud de la justicia permite que muchos criminales sigan operando sin mayores consecuencias, un estado de excepción temporal podría agilizar la captura y procesamiento de los delincuentes más peligrosos, restaurando el control en las calles.
Otro componente crucial sería el fortalecimiento del sistema penitenciario. En Perú, las cárceles están sobresaturadas, lo que permite que muchos delincuentes sigan operando desde su interior. La construcción de nuevas prisiones, diseñadas para aislar a los reclusos más peligrosos y cortar sus comunicaciones con el exterior, sería una medida fundamental para asegurar que los criminales no solo sean capturados, sino que también permanezcan efectivamente neutralizados.
Sin embargo, las políticas de mano dura por sí solas no resolverán el problema a largo plazo. Para garantizar una paz duradera, estas medidas deben ir acompañadas de reformas profundas en el sistema judicial y de programas sociales que ataquen las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades. Una revisión exhaustiva del sistema judicial peruano es necesaria para eliminar las demoras y debilidades que facilitan la impunidad, asegurando así que los delincuentes sean castigados de manera rápida y justa.
A largo plazo, es fundamental que el país implemente programas que enfrenten las raíces de la delincuencia. Mejorar el acceso a la educación, generar oportunidades de empleo digno y ofrecer alternativas para los jóvenes en situación de riesgo son medidas cruciales para prevenir que nuevas generaciones caigan en el crimen.
El modelo de Nayib Bukele ha demostrado ser una estrategia efectiva para combatir la criminalidad en El Salvador, y Perú podría beneficiarse de la adopción de un enfoque similar. No obstante, cualquier política de mano dura debe estar respaldada por reformas judiciales y sociales que promuevan una seguridad sostenible. Solo a través de una estrategia integral que combine medidas a corto plazo con soluciones de largo plazo, Perú podrá enfrentar su crisis de inseguridad y restaurar la paz en el país.
El verdadero reto no es solo derrotar a la criminalidad que actualmente afecta al país, sino también prevenir su resurgimiento y abrir las puertas a un futuro de oportunidades y desarrollo para todos los peruanos.
