Por: Luis Alberto Quispe Vasquez
En temas de crecimiento económico peruano, entre 2000 y 2019, se ha experimentado un crecimiento importante del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 5.5% anual, impulsado por la minería, el comercio y la inversión. Sin embargo, persisten desafíos significativos en el cierre de brechas sociales y de infraestructura; más aún con la poca claridad en la gestión pública para implementar normas sectoriales adecuadas que puedan garantizar la inclusión y el acceso equitativo a oportunidades y servicios. Problemática que se aceleró por la terrible pandemia, que empujo a retroceder las tasas socioeconómicas, llegando al pico de decrecer 11.1% del PIB en 2020 y aumento de la pobreza, del 20% pre pandemia al 29% post pandemia.
En la actualidad, nos encontramos con una brecha de infraestructura de acceso básico de largo plazo (al 2038) que llega a S/ 363, 000 millones (39% del PIB), según estimó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Posiblemente la brecha seguirá incrementándose asimétricamente, porque la población total seguirá creciendo, y junto a ella las demandas de servicios de infraestructura básica. Entonces las cuestiones de fondo serian el déficit presupuestal y la deficiente calidad de gasto que tienen los gobiernos sub nacionales para llegar a la meta estimada de ejecución.
Un ejemplo de lo referido es la incapacidad de gestión en la Región La Libertad, ergo, a 2 meses que acabe el año solo cuenta con 47% de ejecución de gasto. Mientras que su gobernador regional Cesar Acuña se la pasa viajando por el mundo, las brechas aumentan para los trujillanos.
Actualmente existen varios mecanismos para sacar adelante obras públicas, entre ellas la administración directa, Asociación Publica Privada (APP) y Obras por Impuesto (OxI). Entre ellos, es claro reconocer que, el mecanismo OxI es muy efectivo porque el privado va buscar avanzar dentro de su plazo mínimo puesto que su inversión lo querrá ver de retorno en el corto plazo, a diferencia, la vía de la administración directa casi siempre tomará sus plazos máximos.
Para resaltar, según ProInversión, desde la implementación del mecanismo OxI -en 2009-, hasta la fecha, se han adjudicado y ejecutado 587 proyectos por S/ 10,318 millones, beneficiando a 22 millones de peruano. Esta muestra de trabajo, entre los sectores público y privado, es clara para poder seguir promoviendo el desarrollo sostenible e inclusivo, obviamente sin mezquindades ni ideologías absurdas.
En ese sentido, el gran reto es tejer la participación del estado con el privado, en donde se aborde proyectos de inversión que tengan impacto con el cierre de brechas y crecimiento verdaderamente sostenible y justo. A más inversión, menos brechas.
19 Septiembre, 2019
10 Febrero, 2025
