Autor: Silvana Pareja
El reciente veto del presidente argentino Javier Milei a la ley que garantizaba el financiamiento de las universidades públicas pone de manifiesto un conflicto arraigado en la historia, relacionado con la interdependencia entre el financiamiento estatal, la autonomía universitaria y el papel del Estado en la educación superior. Desde la Reforma Universitaria de 1918, Argentina ha sostenido la importancia de la autonomía universitaria, y desde 1949, la gratuidad de la educación superior ha sido un logro clave para la equidad social. No obstante, la decisión de Milei, fundamentada en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, ha provocado un fuerte rechazo por parte de sectores estudiantiles y docentes, quienes ven amenazado el futuro de los jóvenes argentinos.
Este veto se inscribe en el marco de las políticas de Milei para controlar el gasto público, especialmente en medio de la grave crisis económica que atraviesa Argentina, con una inflación interanual que llegó al 289,4 % en abril. Milei ha defendido que vincular el financiamiento universitario con la inflación socavaría los esfuerzos de su gobierno por estabilizar la economía. A pesar de que el impacto de la ley sería relativamente bajo (0,14 % del PIB), el gobierno considera este ajuste como un obstáculo para la recuperación. Además, el mandatario ha señalado que la ley no especifica de manera clara de dónde provendrían los recursos adicionales, lo que, a su juicio, va en contra de las normas de gestión presupuestaria. Este enfoque prioriza la disciplina fiscal sobre sectores estructurales como la educación, fundamentales para el desarrollo a largo plazo. Ante esta postura, los estudiantes y docentes han respondido con manifestaciones masivas, exigiendo un financiamiento adecuado para las universidades y alertando que la medida afecta directamente a los sectores más vulnerables.
El caso argentino ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la educación superior en otros países de la región, como Perú. Al igual que en Argentina, las universidades públicas en Perú han sido históricamente un pilar fundamental para la inclusión educativa de jóvenes con menos recursos. No obstante, también enfrentan dificultades relacionadas con el financiamiento, la infraestructura y la calidad educativa. Universidades emblemáticas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, han experimentado una creciente competencia del sector privado, el cual frecuentemente prioriza la rentabilidad sobre la calidad educativa.
Aunque Perú no enfrenta una inflación tan alta como la de Argentina, la falta de inversión en educación pública sigue siendo un tema crítico. Garantizar una educación de calidad en las universidades nacionales es vital para el desarrollo del país, especialmente en un entorno global que demanda innovación y competitividad. El veto en Argentina debería ser un recordatorio para Perú de la importancia de salvaguardar el financiamiento de la educación pública, ya que no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país. Sin un sistema educativo sólido, se corre el riesgo de perpetuar la desigualdad y la exclusión social.
En resumen, el ejemplo argentino debe servir como una lección para países como Perú. El equilibrio entre la autonomía universitaria y el financiamiento adecuado es crucial. Si las universidades públicas no reciben el apoyo necesario, la calidad educativa se verá comprometida, afectando a miles de estudiantes y, por ende, el futuro del país. La defensa de una educación pública robusta y bien financiada es, en última instancia, una defensa del desarrollo y la equidad.
