Por Miguel Alejandro Estela La Puente
La famosa y criticada ley 32108, sin duda, ha generado una enardecida y agitada polémica; por un lado, iracundos defensores de tratados internacionales (cuando les conviene) y; por otro lado, voceros políticos que se relamen con la idea de eximirse de responsabilidad penal con recursos que plantean dentro de sus investigaciones ante el Poder Judicial, pues el contenido del delito de organización criminal ha sido variado sustancialmente. Al final de cuentas, la ley será derogada por apremio de los transportistas o por decisiones judiciales extendidas que apliquen control difuso como la del juez Jorge Chávez en el caso de los hermanos Cerrón.
Lo cierto, es que tenemos dos escenarios concretos; el primero, en el cual se ha creado un discurso que señala, según algunos voceros de la PNP en actividad o retiro, que la policía captura, pero la Fiscalía deja en libertad a los delincuentes y; el segundo, en el cual se imputa al gobierno el no haber observado la ley cuando todavía se trataba de una autógrafa, es decir, una semilla que luego de quince días, sino es refutada por el Gobierno, germina en una ley que entra en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Se supone que cuando la autógrafa llegó al despacho de la presidente, el Ministerio del Interior, debió ser un agente de presión para que ésta sea revisada nuevamente por el Congreso de la República. Es decir, los mismos que culpan a la Fiscalía de soltar delincuentes capturados, son los mismos que no presionaron para la observación y, aunado a eso, tenemos que dentro de la Fiscalía habría varios grupos políticos que se disputan el control de la institución para, principalmente, usarla como herramienta de cogoteo contra rivales políticos.
Pareciera que estamos ante una coyuntura compleja, instituciones que se atacan y se echan la culpa sobre responsabilidades que, para ser sinceros, va más allá de una mera ley. También están aquellos quienes, fervorosamente, invocan la urgencia de reforzar el funcionamiento del sistema de inteligencia policial, pero ¿Cómo hacemos que el Poder Ejecutivo ejerza sus funciones si ni siquiera observó la ley? Creo que estamos ante un tema estructural-operativo que implica miran unos años atrás.
Tenemos una cadena de responsabilidades, conformada por eslabones; cada eslabón, representa un gobierno. El eslabón Humala decapitó a la PNP con varios generales que fueron forzados a pasar al retiro, casi 30. El eslabón Sagasti, hizo lo propio y el eslabón Boluarte con el modus operandi de las inobservancias de leyes que, francamente, están pervirtiendo el sistema de justicia.
Cualquier entidad sea pública o privada, ve menoscaba su estructura cuando se le arrebata su liderazgo; con lo cual, como consecuencia natural pierde capacidad operativa si entendemos que, en el Gobierno de Humala, estábamos en la víspera de la ola migratoria extranjera del año 2017 y; en el caso, del Gobierno de Sagasti en pleno proceso de recepción migratoria durante una transición constitucional. Estas irresponsables decisiones políticas nos han costado caro a todos los peruanos, quienes, al parecer, ya no podemos hacer ningún emprendimiento en nuestro país sin estar dispuestos, previamente, a ser extorsionados y pagar el cupo.