Recientemente, una noticia sacudió el panorama político latinoamericano: el gobierno mexicano aprobó una reforma en su sistema judicial. Esta propuesta, que ganó apoyo en ambas cámaras legislativas, plantea la elección de jueces y magistrados del poder judicial federal mediante voto popular, dejando atrás el modelo de evaluación por exámenes.
Bolivia implementó un sistema similar en 2009, pero los resultados han sido desalentadores. En contraste, en Estados Unidos, Suiza y Japón, países del primer mundo, el mecanismo funciona sin mayores inconvenientes. ¿Dónde radica la diferencia?
El caso de Bolivia ilustra claramente los desafíos de este sistema. El país altiplánico no ha logrado resultados positivos debido a que todos estos cargos tienen infinidad de candidatos en disputa, por lo cual es muy difícil conocer cientos de candidatos. Además, el gobierno de turno interviene para realizar una lista de precandidatos que, al parecer, solo busca satisfacer sus propios intereses.
El electorado boliviano, que está obligado a votar, ha demostrado que no está interesado en este mecanismo. Tan solo en la primera experiencia de votación, que se llevó a cabo en 2011, hubo un 60% de electores ausentes. En el 2017, cuando se realizó la segunda experiencia, la participación de electores aumentó un 5%.
Esta falta de interés contrasta marcadamente con la experiencia en otros países que utilizan sistemas similares. Es crucial notar que en Estados Unidos y Suiza este método se aplica principalmente a jueces federales, no a altas cortes. En Japón, los ciudadanos ratifican o rechazan jueces, pero no los eligen directamente.
En mi opinión, este mecanismo amenaza la calidad del Estado de derecho, ya frágil en nuestra región. En países como México y Bolivia, plagados de corrupción e ineficacia judicial, estas reformas resultan ser estrategias populistas.
¿Soluciona la efectividad en la administración de justicia este tipo de reformas?
Para responder a esta pregunta crucial, basta con examinar la experiencia boliviana: la justicia se ha politizado aún más. El congreso, dominado por el oficialismo, preselecciona candidatos, beneficiando al gobierno de turno en sus intereses propios.
La confianza de los bolivianos en su sistema judicial sigue deteriorada. Un informe de la Fundación Construir, publicado en el año 2023, señala que solo el 13% de la población boliviana confía en su sistema de justicia. Asimismo, en el último informe de la CEJA (Centro de Justicia de las Américas), sostiene que el 88% de los bolivianos consideran que no confían en su sistema de justicia. Según el barómetro de las Américas, los bolivianos han aumentado su percepción de una justicia que no es confiable.
¿Qué se puede esperar de gobiernos autoritarios que usan diferentes instrumentos para dominar a opositores y tener mayor control de las instituciones del Estado?
En el caso mexicano, se sigue un lamentable patrón. Tomando como insumo principal la corrupción en el ámbito judicial y el descontento de la gente, el gobierno copa otro poder del Estado para empoderar al régimen que solo está cambiando de rostro.
Esperemos que esta nueva reforma no agrave la situación en México y no inspire propuestas similares en otros países latinoamericanos próximos a elecciones. Este mecanismo podría convertirse en una propuesta electoral atractiva, especialmente para candidatos populistas de izquierda.
América Latina necesita jueces verdaderamente independientes para administrar justicia de forma imparcial. Los gobiernos no deben usar el poder judicial como instrumento legal para perpetuarse en el poder.
Sí a las reformas, pero en el marco del Estado de derecho y la separación de poderes. Solo el tiempo revelará el verdadero impacto de estas medidas en la justicia latinoamericana.
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