Calidad en la educación como factor de control político

¿Es la calidad una excusa para imponer el control? 

En la compleja intersección entre educación y política, la noción de calidad educativa ha servido históricamente como un poderoso instrumento de influencia y control. A lo largo de la historia, desde la aparición de las universidades en Eurasia y el mundo mediterráneo, diversas influencias eclesiásticas, gubernamentales y económicas han intentado moldear estas instituciones según sus propios intereses.

Con la llegada de la universidad renacentista, el panorama se expandió para incluir intereses comerciales y políticos. Los gobiernos y las entidades económicas vieron en la educación superior una herramienta para formar una fuerza laboral competente y afín a sus intereses, marcando así el inicio de una larga relación entre calidad educativa y control político.

Colin Brock, en su estudio sobre la regulación y acreditación de la calidad educativa, destaca cómo esta se convierte no solo en un estándar objetivo, sino también en un mecanismo de poder. A lo largo de los siglos, la preocupación por la calidad educativa ha sido utilizada estratégicamente para centralizar el control sobre las instituciones educativas, influir en políticas nacionales y modelar la percepción pública de la educación.

En la era contemporánea, organizaciones internacionales como la UNESCO han promovido estándares globales de calidad educativa. Estos estándares, aunque aparentemente neutrales, han sido adoptados por gobiernos para justificar intervenciones en el sistema educativo bajo la premisa de mejorar la calidad y la equidad. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha suscitado debates sobre la verdadera intención detrás de la búsqueda de calidad y hasta qué punto estas intervenciones son genuinas o simplemente una fachada para ejercer control político.

Hoy en día, la discusión sobre la calidad educativa no solo se centra en mejorar los estándares académicos, sino también en entender quién define estos estándares y con qué propósito. Movimientos educativos progresistas abogan por una educación de calidad que no solo sea académica, sino que también incorpore valores como la democracia, la igualdad, libertad, sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad. Aunque estos valores enriquecen la agenda educativa, la implementación de estos principios debe ser cuidadosamente examinada para evitar que se conviertan en herramientas de control político disfrazadas. Su aplicación debe considerar las realidades complejas y los desafíos pragmáticos del sistema educativo actual, evitando visiones sesgadas o utópicas.

Además, debemos asegurar que las políticas educativas no sólo respondan a intereses particulares, sino que también promuevan un desarrollo integral y equitativo en nuestras sociedades modernas. Así podremos evitar definir y medir la calidad educativa, con sesgos particulares en desmedro del interés público de la sociedad.

Finalmente, en la actualidad, la incorporación del lucro en las universidades peruanas ha generado una fractura irreparable. El Decreto Ley 882 de 1996 marcó un punto de no retorno al priorizar el crecimiento de las universidades privadas con fines de lucro, mientras las instituciones públicas sufrieron un congelamiento presupuestario. Las políticas públicas deben considerar el bienestar de las futuras generaciones y la importancia de la educación superior para el Perú. Entre el lucro y la calidad: He ahí la dicotomía actual, y uno de los más importantes desafíos de las universidades peruanas.