Por Antero Flores-Araoz
En la gran Lima, como en la mayoría de ciudades de nuestra patria, hay infinidad de personas dedicadas tanto al comercio ambulatorio, en calles, plazas y en los alrededores de los mercados, como al comercio estacionario con puestos en las mismas vías, con lo cual evidentemente obstruyen el tráfico de vehículos y personas.
Muchos de los Municipios quieren arreglar el caos urbano originado por los comerciantes ambulatorios y de los estacionarios a los que nos hemos referido, haciendo batidas para que dejen las calles, parques y plazuelas, lo que es flor de un día, pues nuevamente regresan a hacer sus actividades informales en ellos.
Una de las motivaciones para ahuyentar a los comerciantes informales de los lugares en que realizan sus actividades en el centro de Lima, es que se debe proteger el patrimonio cultural y monumental de nuestro centro histórico. Es así como se han dictado las leyes 31184 y 31980, la primera al declarar de interés nacional la recuperación y puesta en valor del “Centro Histórico de Lima” y la segunda aprobando un régimen especial para el mismo, lo que fue complementado por las Ordenanzas Metropolitanas 2194, 2195, 2599 y 2612.
Por muy importante que pueda ser la conservación y puesta en valor del patrimonio monumental del centro de nuestra ciudad capital, así como el ornato de ella y de muchas otras ciudades del Perú, ello no se debe hacer aisladamente pues sería desconoce un gravísimo problema social como es el del comercio informal, sea ambulatorio o estacionario.
Para que los informales dejen las calles y demás espacios públicos, no bastan medidas normativas y acciones de fuerza, sino también atender con soluciones prácticas la problemática de la informalidad, en que los comerciantes a los que nos referimos están en dicha situación, principalmente por la carencia de fuentes de trabajo, lo que ha crecido en los últimos años por falta de inversiones generadoras de puestos laborales, debido sobre todo a la crisis política que aún soportamos.
No cabe duda que hay que pretender el orden de nuestras ciudades, al mismo tiempo que su ornato y recuperación de áreas monumentales, pero ello no puede ser aislado, tiene que hacerse buscando soluciones al comercio informal, como puede ser el traslado ordenado a otras ubicaciones que señalen las autoridades ediles.
Por lo demás, tanto desde el Parlamento como desde el Poder Ejecutivo, tienen que adoptarse fórmulas convenientes para lograr la formalización de los informales, sin tantos requisitos, registros, trámites y autorizaciones, que desmotivan al más paciente ciudadano.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no debería ser solo la denominación de un gran edificio en la concurrida Avenida Salaverry de nuestra ciudad capital, sino darle contenido real y práctico, lo que penosamente muy pocas veces se ha visto.
Entiendan de una vez por todas las autoridades ediles, que puede ser muy meritorio que se ocupen de mejorar el tráfico vehicular y peatonal, impidiendo las actividades informales de ambulantes y comerciantes estacionarios que lo obstaculizan, pero ello tiene que ser de la mano, entregando otras localizaciones para que realicen sus actividades con las que se mantienen así mismos y a sus familias, paliando un problema social..
El tráfico, el ornato y la gestión social, deben ir de la mano. ¡No lo olviden!